Dice el PP de Avilés que las medidas fiscales del gobierno central afectan fundamentalmente a las clases media y baja. Se atreven incluso a ponerle números para que el análisis suene más científico. Según sus expertos el 84% de la subida la financian las clases populares. Lo que no explican es de dónde sacan esa idea. Interpelados en el pleno por ese porcentaje ni una palabra sobre el asunto y sí muchas sobre otros que nada tenían que ver.
No aclararon si las personas que tienen rentas del capital superiores a 200.000 euros o rentas del trabajo superiores a 300.000 son clase media o baja, si los que tienen que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados por títulos nobiliarios son clases populares, si las empresas que venden participaciones por valor superior a 20 millones de euros son pequeñas o medianas o si hay muchos sujetos al impuesto de patrimonio en las clases medias teniendo en cuenta que está exento quien tiene un patrimonio neto, excluida vivienda habitual y negocio familiar, superior a 700.000 euros. Debe ser que la clase media tiene una cintura más ancha de lo que yo creía.
Las únicas subidas de impuestos establecidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que afectarán a todo el mundo son la subida del IVA de los refrescos y el impuesto a las primas de seguros. Respecto a las primas de seguros, habrá familias que tendrán que pagar 5 euros adicionales porque solo tienen el seguro obligatorio del coche y las hay que pagarán mucho más. Eso depende de lo que tengas asegurado, evidentemente, cuanto menos tienes, menos aseguras.
Lo de los refrescos azucarados aunque afecte a muchos bolsillos populares, ni es mucho, ni estaba justificado en realidad aplicar un IVA reducido a lo que no es necesario. Además, como la hostelería sigue al 10%, se reduce el diferencial de precio de un refresco entre un bar y un supermercado. Mejor para los bares.
Y ya está, esas son las medidas contempladas en los PGE que a la derecha tanto molestan. Pocas son. Que cada cual juzgue si el momento actual justifica que el estado recaude más para poder afrontar los gastos de esta gestión de la crisis, si los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a los sectores con parón de actividad o el incremento del gasto en educación y sanidad son necesarios.
Si considera que son necesarios entonces defenderá que sean financiados. El criterio en esta crisis es, afortunadamente, el contrario del habitual. Esta vez pagan más, y con mucho, los que más tienen. Eso es lo que no gusta a la derecha y por eso protestan pero, claro, es política, tienen que contar otra cosa. Defienden los intereses de los ricos pero consiguen convencer a muchos pobres de que esto va con ellos. Esa es nuestra tragedia.
