La Constitución española ya en el año 1978 reconocía la diversidad lingüística en España y en su artículo 3 sentaba las bases de lo que se pretendía fuese una convivencia pacífica:
1. El castellano es la lengua oficial del Estado
2. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
3. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos
Si nos centramos, por poner un ejemplo, en la Administración de Justicia, la legislación igualmente es clara. Es de obligada lectura el artículo 231 de la ley orgánica del Poder Judicial que establece que la lengua oficial de las actuaciones judiciales es el castellano, pero que también se puede usar la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, en base a ese artículo 3 de la Constitución y siempre y cuando ninguna de las partes se oponga alegando indefensión, en base en este caso al artículo 24 de la Carta Magna.
El castellano es la única lengua que hay obligación de conocer, no siendo obligatorio el conocimiento de las otras en sus relaciones con los poderes públicos.
“En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial común del Estado español en su conjunto, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo, que lo distingue de las otras lenguas españolas que, con él, son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación”. Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986.
En las relaciones de los ciudadanos con el Poder Judicial (de todos los ciudadanos españoles, con independencia de la comunidad autónoma en que se encuentren), si bien cabe la posibilidad de dirigirse por parte del primero a los tribunales de Justicia en castellano o en otras lenguas oficialmente reconocidas por los estatutos de autonomía, la única lengua que puede ser exigible de ser usada es el castellano. Sólo la excepción de que alguna parte alegue indefensión podrá dirigirse en alguna de las lenguas oficiales, diferente al castellano, reconocida en un estatuto de autonomía, sin que eso suponga que el proceso deba ser llevado en dicha lengua. En ese caso se debe proceder a la traducción de oficio, siguiendo lo marcado en el artículo 231 de la LOPJ.
Es obvio por lo tanto que frente a cualquier Administración pública ningún ciudadano tendríamos que tener problema en utilizar el castellano, en ningún lugar de España, en teoría.
Todos sabemos la politización y guerra de intereses que existe en nuestro país con el uso y el fomento de lenguas autonómicas, llegando al absurdo de cuando no existen se crean o si no se hace “un batiburrillo” de varias y “voilá”, entramos ya en la “Champions League” de las comunidades de “primera”.
La lengua es el instrumento de comunicación, de entendimiento con los demás, pero ha de hacerse de manera natural. Nada de prohibiciones, pero por supuesto, tampoco nada de imposiciones.
Por mucho que queramos regular, aminorar los efectos de una lengua oficial en una comunidad autónoma, la experiencia nos muestra que es instrumento de separación entre nosotros mismos, pero entiendo la exigencia de su respeto y utilización, cuando realmente se trata de una costumbre, utilizada mayoritariamente en ese territorio y siempre teniendo claro que existe una lengua oficial y obligatoria además de constituir un derecho, el castellano.
En Asturias en los últimos años, pero con mayor intensidad en los últimos meses, se ha puesto la oficialidad del asturiano en el centro de la vida política. Así mucho se está hablando estos días sobre la reforma del Estatuto de Autonomía con el objetivo de la incorporación del asturiano como lengua oficial, intentando dar desde el Gobierno regional, la imagen de una oficialidad moderada, en clara búsqueda de un consenso mayoritario.
Se ha intentado poner de ejemplo al Estatuto gallego en concreto a su artículo 5, posiblemente para ponerlo en contraposición con el artículo 6 del Estatuto de Cataluña.
Entre otras diferencias el Estatuto gallego habla de un uso normal entre los dos idiomas, mientras que el Estatuto de Cataluña habla de un uso normal y preferente del catalán. Dicha expresión “y preferente” del artículo 6.1 fue declarada inconstitucional y, por lo tanto, nula por Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010. Todos sabemos lo que sucede en Cataluña, la conducta que siguen sus políticos con el uso del castellano, no hace falta extenderme en este tema.
Además del envite de los nacionalismos, en el campo de la enseñanza la ley Celaá asestó otro duro golpe al eliminar al castellano como lengua vehicular en la comunidad educativa.
Todos sabemos de las facultades disuasorias que tienen los poderes públicos para hacernos entender que nos resultará más ventajoso utilizar una lengua sobre la otra una vez que ambas son oficiales, sin olvidar un primer efecto, como es su obligatoriedad en los colegios.
Iniciamos en Asturias el camino hacia la oficialidad y viene a mi cabeza la famosa expresión de “cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”, pues eso veremos y oiremos…
“Con todo lo que va apreciándose y creciendo por todo el ancho mundo el español qué coño hace ese shosho malvendiendo su inglés barato por Eurovisión”. (Discurso de Joaquín Sabina al ser elegido hijo predilecto de Andalucía el 28 de febrero del 2016). Cambien ustedes inglés por asturiano, salvando las distancias en número de hablantes, no se me malinterprete.
No hace falta que lo diga Sabina, la importancia internacional de nuestra lengua está fuera de toda duda, así el castellano es a excepción del chino el idioma más hablado del mundo.
El castellano se defenderá por sí mismo, el resto de lenguas en España tienen que “ser defendidas”.
Copio unas palabras de Gabriel García Márquez: “Nunca me siento cómodo leyendo en otra lengua, porque sólo me siento verdaderamente compenetrado con el castellano”.
