La luz sube y los costes de la industria asturiana electrointensiva se disparan. Hay quien quiere establecer una relación espúrea de mensaje sencillo: “Desde que se aprobó el estatuto de las electrointensivas sus costes energéticos no paran de crecer”. Algo así como decir: “Desde que se venden más paraguas no para de llover”.
Hay muchas explicaciones en el mundo de las ideas al fenómeno de la subida de la luz. La descarbonización, la subida del gas, la geopolítica, la especulación, el mercado de emisiones, el incremento del PIB mundial, el agotamiento de recursos… Todas ellas puedan dar una explicación a por qué sube, pero ¿por qué sube mucho más en unos países que en otros? ¿Por qué España es uno de los países europeos en los que más ha subido la electricidad?
El problema fundamental del sistema eléctrico español es que es privado. El Estado ha dejado en manos privadas un sector imprescindible para la vida y para el funcionamiento de la economía. El sistema de precios que existe se construye sobre esa premisa y aunque reconoce la intervención pública sobre los precios de mercado no contradice la lógica de mercado y retribuye a los agentes privados según esas lógicas.
Para entender el lío de los precios hay que partir de una idea: la energía eléctrica tiene la misma naturaleza independientemente de cuál sea su origen y el precio de un kilovatio/hora generado con gas natural, luz solar o energía nuclear es el mismo aunque su coste sea diferente. Imaginemos un pequeño país que necesita 10 megavatios y donde hay una compañía hidroeléctrica que puede generarlos a 100 euros el megavatio. La energía le sale a ese país por 1.000 euros.
Supongamos ahora que no llueve y que la hidráulica solo produce 8 megavatios, pero hay otra de gas natural que vende a 150 euros. El país comprará 8 megavatios del salto del agua y 2 de la quema de gas, pero el precio de mercado sube a 150 euros por megavatio, el de la menos eficiente. La factura del pequeño país pasa entonces a 1.500 euros y la hidroeléctrica, que a 100 euros ya ganaba, ahora vende a 150 así que, gracias al sistema de retribución marginal, ingresa 50 euros adicionales por megavatio. Son 400 euros extra de beneficio “llovido del cielo”. Observen que a la hidráulica le interesa que su producción no cubra totalmente las necesidades energéticas. Así funcionan en esencia las cosas en el mercado eléctrico español.
Supongamos ahora que la demanda de energía aumenta por la recuperación económica. Los 10 megavatios ya no son suficientes, se necesitan 12; así que la central de gas tiene que comprar más gas para quemar. Como muchas economías hacen lo mismo, el precio del gas aumenta y también los pagos por emisión de CO2. La empresa de gas comunica que en las nuevas condiciones tiene que vender el megavatio a 250 euros. Claro que hay que pagar a 250 euros los 4 megavatios del gas... pero también los 8 del agua. Como consecuencia del aumento de la demanda los pagos suben el 100%, a nuestro pequeño país la factura de la luz le sale por 3.000 €euros y la hidroeléctrica tiene ahora 1.200 €euros de beneficios.
Podríamos pensar que una solución sería construir otra presa o abrir un parque de fotovoltaica pero esas decisiones corresponden a la iniciativa privada y las compañías podrían valorar que el tiempo necesario para amortizar la inversión es demasiado elevado y que además esta situación de precios marginales tan elevados es coyuntural. Entonces se nos ocurre ofrecer a las empresas que construyan nuevas centrales una retribución adicional que compense la lentitud de retorno del capital invertido. Así sucede. Una parte del precio de la energía se deriva de las compensaciones que el Estado hace a quienes ponen en marcha instalaciones de renovables o cogeneración.
Si aceptamos la lógica del mercado estamos atrapados, pero si rompemos la baraja y creamos una empresa pública que, por ejemplo, se hiciese con la hidroeléctrica de nuestro ejemplo, los precios de mercado podrían ser los mismos pero los 1.200 euros adicionales de la hidráulica se quedarían en manos públicas y podrían retornar al consumidor en forma de impuesto negativo o en forma de contratos estables a precio competitivo para la industria. Así sucede en algunos países europeos.
Sin embargo hay quien sigue insistiendo en que la factura eléctrica de las grandes empresas debe reducirse con subvenciones estatales, llámese pago por interrumpibilidad o estatuto electrointensivo. Estas soluciones lo que hacen es trasladar la subida al consumidor doméstico o a las empresas de menor tamaño. Si se acepta el beneficio de las eléctricas como intocable y su carácter privado como natural entonces solo queda subvencionar la factura de la luz de los consumidores electrointensivos a través de la factura de los que no lo son o a través de los Presupuestos Generales del Estado. En Asturias, por la cantidad de empleo que generan las electrointensivas, hay miedo y se acepta desde frentes muy diversos esa solución como buena. No salimos a la calle con pancartas que digan “paguemos la luz de Arcelor entre todos y todas” pero casi.
Otras personas defendemos un sistema de producción energética de mayoría pública. Una solución para grandes y pequeños. Lo que tienen en países como Francia, Suecia o Noruega, donde también hay subida de la electricidad pero menos y mejor repartida. Entre tanto, ya saben, pendientes de las aplicaciones que te dicen cuándo poner la lavadora y preocupados por nuestra factura y la del señor Mittal.
