Opinión | El Rincón de la Ley

Prevención de catástrofes naturales en España

Un análisis crítico de gestión y estrategias futuras

Las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA), fenómenos meteorológicos que provocan intensas lluvias y devastación en varias regiones españolas, destacan por su impacto en la Comunidad Valenciana y otras áreas del litoral mediterráneo. Estas tormentas, conocidas por sus efectos catastróficos, exigen no solo una respuesta urgente y eficaz, sino también una reflexión crítica sobre su prevención y la actuación institucional en las crisis. En este análisis, se aborda cómo la falta de previsión y los errores administrativos amplifican los daños de estos fenómenos, así como las lecciones jurídicas y técnicas que deben extraerse para mitigar futuras tragedias.

El fenómeno de la DANA es ampliamente estudiado en climatología. Aunque no todos los episodios adquieren la magnitud de un desastre, es previsible que la intensidad y frecuencia de estos fenómenos aumenten en el contexto de la crisis climática. Por tanto, es responsabilidad de los gobiernos, tanto a nivel autonómico como estatal, establecer políticas y mecanismos preventivos robustos que anticipen los efectos devastadores de las DANAs en los territorios vulnerables. Uno de los grandes debates en torno a la DANA radica en si las consecuencias de la última catástrofe podrían haberse reducido. En este sentido, la jurisprudencia y la normativa de protección civil establecen que las instituciones deben actuar con la diligencia de un "buen padre de familia", es decir, con previsión y responsabilidad. La legislación sobre Protección Civil en España (Ley 17/2015) y el marco de actuación del Sistema Nacional de Protección Civil proveen directrices claras, pero no siempre se implementan de manera efectiva.

La carencia de sistemas de drenaje adecuados en áreas propensas a inundaciones es un aspecto que se repite. Aunque existen planes específicos para mejorar las infraestructuras de prevención en zonas vulnerables, los fondos asignados y la ejecución de obras suelen ser inadecuados, dejando a muchas localidades expuestas.

Para que la prevención sea efectiva, no basta con invertir en infraestructuras; es fundamental educar a la ciudadanía y preparar a la comunidad en medidas de autoprotección y respuesta en caso de emergencia. Las campañas de concienciación y los simulacros de respuesta ante catástrofes son escasos en las regiones más afectadas por la DANA, lo cual limita la capacidad de respuesta de la población.

La colaboración entre diferentes niveles administrativos –nacional, autonómico y local– suele ser lenta y, en muchos casos, ineficiente. La DANA ha evidenciado, una vez más, la necesidad de un protocolo claro y efectivo de comunicación y coordinación entre instituciones.

La gestión de la última DANA por parte de los gobiernos autonómico y estatal y de la oposición ha suscitado duras críticas y pone de relieve varios errores y deficiencias en la respuesta institucional. Entre los problemas más destacados se encuentran:

La demora en declarar el estado de emergencia o catástrofe en algunas áreas afectadas ralentizó la llegada de recursos, asistencia y personal especializado.

La lentitud burocrática es una deficiencia que, aunque evitada en teoría por protocolos de actuación, persiste en la práctica.

Las ayudas económicas y los recursos asignados han sido insuficientes y, en muchos casos, no han llegado a quienes los necesitaban con la urgencia requerida. Esto refleja una falta de planificación financiera en el contexto de las emergencias y una gestión política que subestima la magnitud de las catástrofes naturales.

La oposición y los gobiernos implicados han utilizado la DANA como un arma arrojadiza, generando un debate político que desvía la atención de los problemas estructurales en la gestión de catástrofes. Este fenómeno, lejos de contribuir a la resolución de la crisis, refuerza la desconfianza pública hacia las instituciones.

La experiencia con la DANA pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la prevención y la respuesta ante futuros fenómenos. Entre las recomendaciones, destacan:

Una mayor inversión en el Sistema de Protección Civil, con especial énfasis en infraestructuras adaptadas al cambio climático, permitiría reducir significativamente el impacto de fenómenos como la DANA.

La creación de un fondo específico para catástrofes naturales, que debería ser gestionado de manera descentralizada y con criterios técnicos, para asegurar que las ayudas llegan de forma oportuna y que se asignan de acuerdo con las necesidades reales de las áreas afectadas.

Implementación de políticas de planificación urbana resiliente: la regulación del uso del suelo debe considerar el impacto potencial de las catástrofes climáticas, evitando la urbanización de zonas vulnerables y fomentando la creación de infraestructuras que reduzcan el riesgo de inundaciones.

La eficacia de la respuesta institucional depende de una coordinación ágil y eficiente entre los distintos niveles de gobierno. La creación de protocolos claros y la celebración de simulacros conjuntos podrían mejorar considerablemente la capacidad de respuesta.

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