Avilés, o cuando la vivienda pública deja de ser social

Hay cosas que no cuadran, y lo de las viviendas de La Luz en Avilés es una de ellas. Unas casas rehabilitadas con fondos europeos, financiadas con dinero de todos, para que... ¿qué? Para que sean accesibles solo para jóvenes con ingresos fijos y familias con cierta solvencia económica, dejando fuera a quienes más necesitan un hogar digno.

En Asturias, más de 250.000 personas, el 25% de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 8,4% vive en pobreza severa. Estos datos reflejan una desconexión entre las políticas públicas y la realidad social. Esto no es casualidad; es el resultado de una forma de hacer política que parece olvidar que la vivienda es un derecho, no un premio para quienes ya tienen opciones.

Exigir ingresos mínimos para acceder a una vivienda pública no es redistribuir, es excluir. En Avilés, hay 169 personas inscritas en la lista de demandantes de vivienda pública, muchas de ellas en situación de emergencia habitacional. Mujeres solas con hijos, personas migrantes, trabajadores con contratos precarios... Todos quedan fuera porque no encajan en los criterios diseñados desde los despachos. Esto no es solo injusto; es también un fracaso político.

Lo más grave es que las viviendas de La Luz no son un caso aislado. En Avilés, la sociedad municipal Ruasa, que debería garantizar el derecho a la vivienda, tiene un historial que deja mucho que desear. Rescatan aparcamientos privados, llevan desde 2021 prometiendo desbloquear el solar en ruinas de la Plaza de España, y mientras tanto, se escudan en que "estas no son viviendas sociales". Entonces, ¿qué son? ¿Una recompensa para quienes ya tienen solvencia económica? Parece que la vivienda pública aquí es como una fiesta privada a la que solo puedes entrar con invitación.

Esto no va solo de mala gestión. Va de cómo entendemos la vivienda: como un derecho colectivo que prioriza a las personas sobre las ganancias. Significa reconocer que un hogar no es solo un techo, sino un espacio de estabilidad y comunidad. Pero en Avilés se aplica una visión mercantil, disfrazada de política pública, que olvida a quienes viven en situación de emergencia habitacional. Ignorar a quienes más lo necesitan también rompe los lazos que sostienen una comunidad.

El cambio es posible, pero requiere algo básico: escuchar. Escuchar a quienes están al borde del desahucio, a quienes comparten habitaciones porque no pueden permitirse un alquiler, a quienes han perdido la esperanza de encontrar un hogar. La participación comunitaria no es una frase bonita; es la clave para que las políticas de vivienda funcionen de verdad.

Avilés está a tiempo de dar un giro. Reformular las políticas de acceso, abrir espacios de participación y reconocer la diversidad de quienes necesitan un techo no solo es necesario; es urgente. La vivienda pública no puede ser el privilegio de unos pocos; debe ser el refugio de todos. n

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