Opinión

Cuando lo personal es político

Las rectificaciones en la vida municipal ante sentencias judiciales, cada vez más frecuentes, frente al criterio de que la coherencia y la estabilidad legal se hallan en los gestores públicos que toman esas decisiones antes de llegar a los tribunales

El lema "Lo personal es político" es utilizado como lema del movimiento estudiantil y de la segunda ola del feminismo. Con esta frase se busca poner de relieve las conexiones entre la experiencia personal y las grandes estructuras sociales y políticas. En general, alude a una apertura de los asuntos "privados" o "sociales" a la discusión y al análisis político y es una explicación de la naturaleza sistemática de la opresión de las mujeres. Salvando esta segunda clave del movimiento feminista, lo personal –y, en general, todo lo que tiene que ver con los asuntos de personal y recursos humanos del Ayuntamiento de Avilés– se ha vuelto político esta semana.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el nombramiento de seis asesores del equipo de gobierno y la revelación, desde las filas del PP, acerca de una denuncia en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés de un funcionario del Ayuntamiento contra la alcaldesa, Mariví Monteserín , por un presunto incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, acoso laboral y reclamación de daños, ha abierto el debate acerca de los procesos judiciales encadenados que acumula el Consistorio . Los populares advirtieron de que los cargos de confianza no pueden realizar labores que son propias de los funcionarios.

En medio de ese debate, el gobierno local se escuda en que un cambio en las fichas de funciones de todos los eventuales afectados por la última sentencia del TSJA pondrá fin a este asunto. Desafortunadamente, la judicialización de la vida municipal es un asunto cada vez más frecuente y, aunque la denuncia en este caso arrancó de un sindicato, no es extraño en los últimos tiempos asistir a que un poder público imponga actuaciones –o correcciones– a otro poder por no cumplir el primero con la obligación que todo órgano público tiene de cumplir y hacer cumplir las leyes. Ese creciente papel de los tribunales responde a la complejidad de las situaciones y los conflictos que se producen, en la sociedad líquida en la que vivimos. Pero también a asegurar que las decisiones expresadas en esas sentencias se toman de manera justa y equitativa.

De esta forma, los jueces con sus investigaciones y decisiones, potencian y promocionan la coherencia y la estabilidad legal, de múltiples modos. Esperemos que el de esta semana sea el último episodio de una inercia a la que en los últimos tiempos nos tienen demasiado acostumbrados desde la vida política. Que la coherencia se imponga en la vida municipal –o de los parlamentos autonómicos y nacionales– vía sentencia no es bueno para ninguna de las partes: ni para el juzgado ni para el que juzga.

Es preciso no judicializar la política, ni criminalizar los conflictos que en ese contexto se desarrollan. Tampoco resulta favorable trasladar a los tribunales lo que ha de ser resuelto en espacios de discusión política y con decisiones políticas, o utilizar la justicia penal como un espacio alternativo para continuar el ejercicio de la acción política. Como dijo Carl von Clausewitz en su tratado sobre el arte de la guerra , los conflictos bélicos no son más que "la continuación de la política, con una mezcla de otros medios".

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