Mina mortal

Cinco vidas truncadas en una tragedia evitable: la minería asturiana sigue pagando con sangre la dejación de empresas y administraciones.

El reciente accidente minero que ha costado la vida a cinco trabajadores en Asturias es un recordatorio desgarrador de que, pese a los avances legislativos y tecnológicos, la seguridad laboral sigue siendo una asignatura pendiente. En pleno siglo XXI, con una normativa de prevención de riesgos laborales desarrollada y organismos de control específicos, resulta inaceptable que sigan produciéndose tragedias de esta magnitud. La sociedad asturiana está consternada, pero más allá de la conmoción y el luto, es imprescindible señalar responsabilidades y exigir cambios estructurales.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en vigor desde 1995, establece una serie de obligaciones claras para empresas y administraciones. Sin embargo, la minería sigue registrando incidentes con un alto costo humano. La Comisión de Seguridad Minera ha señalado en reiteradas ocasiones las carencias en la supervisión y control de las explotaciones, pero estos informes parecen quedar en papel mojado cuando se contrastan con la realidad de los accidentes.

El informe de la Comisión de 2022 ya alertaba sobre deficiencias en la evaluación de riesgos en diversas minas, la falta de medios adecuados y la insuficiente inversión en seguridad por parte de las empresas. Las causas naturales, como el escape de gases o derrumbes, son previsibles y deben ser mitigadas con protocolos estrictos, sensores avanzados y automatización de tareas peligrosas. Si la administración no garantiza inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares, se convierte en cómplice de la tragedia.

Las empresas mineras tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Sin embargo, en demasiados casos priman la rentabilidad y la reducción de costes por encima de la prevención. La subcontratación, la precarización laboral y la insuficiente inversión en tecnología redundan en mayores riesgos para los mineros. La administración, por su parte, no puede limitarse a actuar cuando ocurre una tragedia. La inspección debe ser continua, las auditorías deben ser estrictas y la exigencia de cumplimiento normativo ha de ser irrenunciable.

El pequeño fallo de no controlar, como algunos lo califican, no es menor cuando cinco familias han quedado rotas por la pérdida de sus seres queridos. La justicia deberá determinar si hubo negligencias concretas, pero la sociedad debe exigir una reforma profunda de los mecanismos de supervisión. No podemos seguir normalizando la muerte en el trabajo.

En un mundo en el que la inteligencia artificial y la automatización están transformando todos los sectores, la minería no puede quedarse atrás. Existen ya tecnologías capaces de realizar tareas de excavación y exploración en entornos de alto riesgo sin poner en peligro vidas humanas. La transición hacia un modelo en el que los trabajos más peligrosos sean ejecutados por máquinas no es solo una opción, sino una necesidad moral.

Los sindicatos y colectivos laborales deben exigir inversiones en I+D+i para adaptar las explotaciones mineras a la nueva era tecnológica. Asturias, con su historia minera, debe liderar esta transición. La minería del futuro no puede ser una condena a muerte para quienes la ejercen; debe ser un sector modernizado, donde la dignidad y la vida del trabajador sean la máxima prioridad.

El dolor de esta tragedia no puede quedar en discursos vacíos ni en promesas políticas de ocasión. Se requiere una transformación real: endurecimiento de controles, sanciones más severas a las empresas incumplidoras, inversión en tecnología de seguridad y una firme apuesta por la automatización.

No podemos permitir que en el siglo XXI la minería siga cobrándose vidas humanas. Es hora de que las administraciones y las empresas asuman su responsabilidad y de que la sociedad asturiana exija justicia y cambios estructurales. La memoria de estos cinco mineros caídos así lo demanda.

En países como Suecia y Canadá, la siniestralidad minera se ha reducido drásticamente gracias a normativas más estrictas y a la implantación de sistemas automatizados de excavación y detección de gases. En Australia, la obligatoriedad del uso de vehículos autónomos en minas a cielo abierto ha disminuido los accidentes laborales en más de un 50%. España, con su tradición minera, no puede quedarse atrás y debe adoptar modelos de referencia que ya han demostrado su eficacia. Es imprescindible reforzar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con sanciones más severas para las empresas que incumplan las medidas de seguridad, especialmente en sectores de alto riesgo. Además, se debe reformar la legislación minera para hacer obligatoria la inversión en tecnologías de automatización y monitoreo en tiempo real. Sin controles estrictos y una normativa adaptada a la era digital, seguiremos lamentando tragedias evitables

El carbón ennegrece las manos de quienes lo extraen, pero es la indiferencia la que mancha de luto nuestra historia. Que su sacrificio no sea en vano, que la mina no vuelva a ser tumba.

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