La atención temprana como derecho, que no un privilegio

Según se desprende del Libro Blanco publicado en el año 2000, marco de referencia en la materia, se entiende por Atención Temprana (en adelante, A.T) "el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o trasdisciplinar".

La historia de la AT se remonta a la década de los sesenta en EE UU, pese a que tenga un recorrido más corto en nuestro país; de hecho, el primer antecedente en España, lo situamos a finales de los años 70, con la celebración en el año 1979 de las Jornadas Internacionales de Estimulación Precoz, tratándose de un modelo de intervención con actuaciones de carácter asistencial centrado exclusivamente en el niño y, dirigido únicamente aquellos niños de edades comprendidas entre los 0 y 2 años que presentaban algún tipo de minusvalía; por tanto, con una visión absolutamente reduccionista.

Ya, en el cambio de la década de los 80 a los 90, se produce la primera transformación significativa al ampliarse el rango de edad de los destinatarios hasta los 6 años de edad, pasando a sustituirse el término de "estimulación precoz" por el de "intervención temprana" y, comenzando a concedérsele cierta relevancia al entorno. Pero, no será hasta finales de los años 90, cuando se acuñará el término atención temprana para referirse a un modelo de intervención global e integrador que tiene en cuenta por primera vez, al niño, a la familia y al entorno y que implementa un tipo de intervención basado en la prevención.

Lejos de estar homogeneizada, la red de atención temprana en nuestro país presenta una importante variabilidad que genera importantes diferencias y desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, adquiriendo especial relevancia en nuestra región, donde la atención temprana a diferencia de otras regiones se presta únicamente hasta el comienzo de la edad escolar y, no hasta los 6 años.

El pasado 31 de enero de 2025, se aprobó el primer acuerdo a nivel estatal para mejorar los procesos de detección y reducir los tiempos de espera de la atención temprana en aras a garantizar que los niños sean intervenidos en 45 días como máximo desde que se detecta un caso, recibiendo una atención gratuita y de calidad; acuerdo éste que, además persigue que los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente la materia.

Más allá de dejadez del gobierno autonómico ante la ausencia de normativa reguladora específica, pese a haberse publicado el borrador del decreto regulador de la atención temprana en verano de 2021 en fase de información pública, lo verdaderamente preocupante es que en nuestra comunidad tenemos un sistema absolutamente discriminatorio que impide que la AT sea un derecho universal, público y gratuito, tal y como reza la Resolución de 28 junio de 2023, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Desde el Partido Popular, hemos reivindicado incesantemente la necesidad de extender la red de atención temprana en nuestra región hasta los seis años. Así, lo han hecho valer, en diferentes instancias, tanto la diputada nacional Esther Llamazares, como la diputada regional Beatriz Polledo y el concejal en el Ayuntamiento de Avilés, Juan Nicieza.

No sólo porque, se trate de una necesidad real que profesionales del ámbito sanitario, social, educativo y plataformas de familias de afectados han reclamado, sino porque constituye un agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas. A partir de la edad escolar, el apoyo que reciben los niños en los centros educativos no sólo no es específico, profesionalizado e individualizado como el prestado en las unidades de atención temprana (UAIT), sino que además, que los recursos en el ámbito educativo son absolutamente insuficientes, bajo unos absurdos criterios de horas mínimas y ratios excesivas donde no se tienen en cuenta ni las características del menor, ni la del profesor o profesional que la imparte y menos aún del entorno (aula, centro educativo y familias).

Tal es así que, la inmensa mayoría de las familias se ven obligadas a complementar los recursos que se prestan en el ámbito escolar que, en el mejor de los casos, se limitan a unas escasas horas de AL (audición y lenguaje), PT (pedagogía terapéutica) y AE (auxiliar educativo) y, en ocasiones en aula compartida, con terapias externas que pueden llegar a oscilar entre los 400-1.000 euros mensuales en centros profesionales específicos.

El gobierno de Barbón está eludiendo con absoluto descaro la responsabilidad pública de garantizar la adecuada prestación de la atención temprana ante una necesidad real que exige una respuesta política eficaz e inmediata, por tratarse de un derecho universal al que debieran de poder acceder todos los niños igualdad de condiciones y de manera gratuita.

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