EE UU, Venezuela y el peligroso precedente de la ley del más fuerte

"Cuando la fuerza sustituye al derecho, la paz se convierte en una ficción". "El mundo no necesita más imperios, sino más leyes que se respeten".

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, culminada con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses, constituye uno de los episodios más graves del orden internacional contemporáneo. Más allá de la valoración política del régimen venezolano, el hecho plantea una cuestión esencial: ¿Puede una potencia actuar unilateralmente contra un estado soberano sin autorización internacional y sin quebrar el Derecho internacional?

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la respuesta es clara. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo dos excepciones: la legítima defensa ante un ataque armado o la autorización expresa del Consejo de Seguridad. En el caso venezolano, no concurre ninguna de las dos. No existe resolución habilitante de la ONU ni ataque previo que justifique una acción de autodefensa inmediata y proporcional. Por tanto, nos encontramos ante una intervención militar unilateral jurídicamente incompatible con el orden internacional vigente.

EE UU ha intentado justificar la operación alegando razones de seguridad nacional, narcotráfico y lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, incluso admitiendo la existencia de graves delitos imputables a dirigentes extranjeros, el derecho internacional no ampara detenciones extraterritoriales forzosas ni cambios de régimen impuestos por la fuerza. Existen mecanismos legales –tribunales internacionales, cooperación judicial, extradiciones– precisamente para evitar que la justicia sea sustituida por la ley del más fuerte.

Este episodio no puede analizarse al margen de la historia. América Latina ha sido, durante décadas, escenario de intervenciones directas e indirectas de Estados Unidos: golpes de estado, operaciones encubiertas, bloqueos económicos y apoyos selectivos a gobiernos afines. Venezuela, además, posee uno de los mayores activos estratégicos del planeta: las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El componente geoeconómico es innegable. La experiencia histórica demuestra que, bajo discursos de "seguridad", "democracia" o "estabilidad", se han ocultado intereses energéticos y geopolíticos.

Las consecuencias internacionales son profundas. Rusia y China han condenado la operación, calificándola de agresión ilegal, mientras que amplios sectores de la comunidad internacional alertan de un precedente extremadamente peligroso: si se legitima esta actuación, ¿qué impediría futuras intervenciones similares contra otros Estados considerados incómodos? ¿Quién decide qué gobiernos son aceptables y cuáles deben ser derrocados?

Europa, y muy especialmente España, se encuentran ante una encrucijada. Desde el punto de vista jurídico y estratégico, la posición española debe ser inequívoca: defensa del Derecho internacional, rechazo de la intervención unilateral y apoyo al multilateralismo. España, como estado miembro de la Unión Europea, no puede avalar ni con su silencio una práctica que debilita las normas que garantizan la paz y la seguridad colectivas. La UE debe actuar como bloque, exigir explicaciones, promover vías diplomáticas y evitar alineamientos automáticos que erosionen su credibilidad jurídica y política.

Además, el silencio o la ambigüedad europea no son neutrales: la inacción también crea precedentes. Aceptar hoy una intervención en Venezuela puede justificar mañana actuaciones similares en otros países, bajo criterios selectivos y cambiantes. El Derecho internacional solo sobrevive si se aplica incluso cuando resulta incómodo.

El papel del liderazgo estadounidense es determinante. Donald Trump, caracterizado por su imprevisibilidad y su desprecio por los consensos multilaterales, ha reforzado una política exterior basada en la unilateralidad y la fuerza. Este estilo de gobierno incrementa la inestabilidad global y debilita las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial para evitar precisamente este tipo de conflictos.

En España, las reacciones políticas evidencian una preocupante doble vara de medir. Algunos sectores justifican la intervención por afinidad ideológica o intereses estratégicos, mientras condenarían sin matices una actuación similar si el agresor fuera otra potencia. La coherencia democrática exige aplicar los mismos principios con independencia del actor. El Derecho internacional no puede ser selectivo ni instrumental.

En conclusión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no es solo un hecho geopolítico; es un desafío frontal al sistema jurídico internacional. Si se normaliza que las potencias actúen al margen de la ley, el mundo entra en una fase de inestabilidad estructural donde la fuerza sustituye al derecho y la soberanía se convierte en un concepto vacío.

"Cuando se permite una excepción injusta, se abre la puerta a la injusticia permanente".

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