¿Construir o intervenir?

La vivienda constituye el principal problema social de nuestro tiempo. Como sucede con cualquier problema serio, sin un diagnóstico certero es imposible ofrecer soluciones eficaces. La raíz del problema es la escasez de oferta: son más los hogares que se crean que las viviendas que se construyen, produciéndose un desequilibrio entre oferta y demanda, haciendo que los precios se disparen, alcanzando los 752 euros el precio medio del alquiler en Asturias.

La intervención del mercado no solo no aborda la raíz del problema, sino que lo agrava. Regular precios por decreto, declarar zonas tensionadas, demonizar al propietario (al que denominan "rentista") o imponer más trabas no crea una sola vivienda para solucionar esa escasez.

La solución pasa por construir más vivienda, más barata y con menos problemas, facilitando el acceso tanto en alquiler como en propiedad. El Gobierno socialista asturiano ha demostrado no tener una política de vivienda clara ni eficaz, dejándola en manos de la Consejería de Izquierda Unida, que con su ideología sectaria, y una visión rígida y alejada de la realidad, es incapaz de dar solución al problema. Necesitamos menos sectarismo y más pragmatismo. Menos propaganda y más política útil, menos discursos vacíos, y más soluciones reales, menos humo y más ladrillo.

Asturias necesita con urgencia más vivienda, menos burocracia y una administración ágil que deje de poner obstáculos al que viene a construir y a generar oportunidades. La Consejería insiste en intervenir el mercado como si fuera la única alternativa posible, cuando existen muchas otras medidas eficaces sin necesidad de fijar precios por decreto, ni generar inseguridad jurídica.

La clave está en movilizar todo el suelo disponible. Proponemos la creación de una bolsa pública de suelo coordinada entre los ayuntamientos que permita planificar con criterio y agilidad. Debemos construir más y con mayor celeridad, apostando por la colaboración público-privada, contando con todos los agentes implicados, mejorando la planificación urbanística, unificando los trámites en el planeamiento, gestión y ejecución y reduciendo los plazos de construcción, eliminando las trabas burocráticas en la concesión de licencias –aplicando el silencio administrativo positivo de 90 días– y flexibilizando las operaciones de regeneración urbana, permitiendo el uso residencial protegido en suelos no residenciales cuando no se altere la estructura del planeamiento. La rehabilitación debe ocupar también un lugar central.

Asturias cuenta con numerosos edificios públicos vacíos que pueden y deben reconvertirse en vivienda protegida. Es necesario incentivar la promoción de vivienda protegida, revisando y actualizando anualmente los módulos para que construir sea viable y no una actividad condenada a pérdidas. Y para aportar transparencia y seguridad jurídica resulta imprescindible crear un registro de alquiler y un sistema de depósito de fianzas claro y eficaz. Pero la política de vivienda no puede limitarse al alquiler. Estamos obligados a facilitar el acceso a la propiedad, porque la propiedad es garantía de estabilidad, seguridad y libertad. La Consejería de IU apuesta únicamente por "alquiler asequible" condenando a toda una generación a una dependencia permanente de la administración. El joven independizado habría de destinar el 63,7/% de su sueldo al alquiler.

Se deja sin respuesta a miles de jóvenes que, sin ahorros previos, acceden al mercado laboral, consiguen un salario y quieren comprar su primera vivienda. No podemos resignarnos a que la edad de emancipación supere los 30 años, constituyendo un lujo que solo alcanza un 16,7% de nuestros jóvenes.

Apostemos por el alquiler con opción de compra y por un plan de vivienda joven eficaz que les permita construir un futuro con autonomía y seguridad, incentivando la fijación de población en Asturias. Todo ello acompañado por una política fiscal favorable al acceso a la vivienda: supresión del impuesto de donaciones, reducciones del ITP, y del IAJD y avales públicos que permitan financiar hasta el 100% del precio de la vivienda.

En el lado opuesto a todas estas medidas encontramos la demonización al pequeño propietario y el intervencionismo, un experimento fracasado allí donde se ha aplicado, que contrae más la oferta, aumenta los precios, genera inseguridad jurídica y provoca que la oferta de vivienda habitual disminuya, en favor del alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones.

La Ley de vivienda desprotege al propietario, blindando al ocupa y a los morosos e inquiocupas con verdaderos abusos, como la figura del "falso vulnerable", que perjudica sobre todo a quienes realmente necesitan ayuda.

En definitiva, existen dos modelos de vivienda claramente enfrentados. El que representa la propuesta de ley del Partido Popular basado en liberar suelo para construir más y más rápido, eliminando burocracia, reduciendo impuestos y otorgando una mayor seguridad jurídica. Y el modelo intervencionista de la Consejería de Vivienda, que ha resultado ser un fracaso allí donde se ha aplicado. La pregunta es clara y sencilla, aunque merece una reflexión profunda. ¿Construir o intervenir? n

Suscríbete para seguir leyendo