Cantabria se postula para acoger en la Universidad Pontificia de Comillas un instituto científico e investigador del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que podría acoger a unos 250 investigadores y que atraería una inversión de la UE de cinco millones de euros.
Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, quien ha informado que el Gobierno ha remitido ayer una carta al director de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con la propuesta de la comunidad autónoma, que tendrá que competir con otras regiones por acoger este centro que abandona Gran Bretaña con motivo del Brexit.
Además, la próxima semana, Zuloaga y la consejera de Economía, María Sánchez, mantendrán una reunión en Madrid con el presidente de la AEMET, Miguel Ángel López, para abordar el asunto, en el que el Gobierno espera contar con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica.
El vicepresidente ha explicado que el proyecto se desarrollará en dos fases, una primera en la que vendrían 150 investigadores que se instalarían en espacios ya rehabilitados de la Universidad de Comillas --que seguirá impartiendo grados y máster--, y una segunda en la que acudirían otros cien, en un plazo de tres a cinco años, y que conllevaría una inversión europea de unos cinco millones de euros para acomodar nuevos espacios destinados a investigación.
Para demostrar que Cantabria es "el mejor lugar" para asentar el centro, las consejerías de Universidades y Economía destinarán en el primer semestre de 2020 un total de 300.000 euros a la realización de un proyecto que presentar al Gobierno de España, ya que supone "una oportunidad" para la región, según Zuloaga.
En este sentido, ha destacado que la iniciativa cuenta con el apoyo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y que el Gobierno regional "se va a volcar en el desarrollo de un buen proyecto" porque hay más comunidades que aspiran a acoger este espacio, lo que hace "importante un buen proyecto técnico".
La decisión sobre la ubicación se conocerá a lo largo del año que viene o principios de 2021.
MODIFICACIÓN DEL PLAN PORTUARIO DE SANTANDER
Por otra parte, dentro del área de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente una modificación puntual del Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario de Santander, aprobada inicialmente en septiembre de 2018.
La modificación afecta a una superficie de 46.432 metros cuadrados situada al sureste del polígono de Raos, colindante con el Puerto Deportivo Marina de Santander y el aeropuerto Seve Ballesteros. El objetivo es permitir la instalación de nuevas actividades en esa zona.
Según ha detallado la Consejería, esta modificación no tiene que ver con los trabajos de relleno en la marisma que Raos que está efectuando la Autoridad Portuaria de Santander (APS), cuya paralización cautelar han pedido varios colectivos ecologistas.
La modificación permite el cambio de uso de la zona para nuevas actividades en un área ya consolidada del Puerto. Los usos que se introducen son el pormenorizado industrial y el terciario comercial. Así, las parcelas se destinarán a diversas actividades, como talleres metalúrgicos y de "pequeña construcción naval", "pequeñas industrias", actividades terciarias de diversa naturaleza o restauración".
OTROS ACUERDOS
En Desarrollo Rural, se acordó declarar la emergencia climática en Cantabria con el objetivo de comprometer actuaciones que contribuyan a luchar contra el cambio climático, mitigar sus efectos y promover estrategias económicas que contribuyan a dichos fines. Para ello se revisará la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2018-2030, adaptándola a los compromisos que adquiera España tras la COP25. El Gobierno también iniciará los trámites para crear el Consejo Asesor de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía.
En Innovación, se concedieron subvenciones por 893.905 euros para 21 ayudas destinadas a otras tantas empresas que han destinado 2,6 millones a proyectos de implantación de soluciones tecnológicas.
Y en Sanidad se ha firmado un contrato por 24 meses y un importe de 500.000 euros para reactivos para alergias y máquinas analizadoras.
Por lo que se refiere a otros acuerdos, en Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo se autorizó el encargo a la empresa Tragsa de las medidas compensatorias contempladas en el proyecto del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera con un coste de 495.737 euros.
Se trata de la recuperación del sistema dunar del Rosal, la rehabilitación de la senda Faro-Barra para poner en valor los recursos naturales del Parque Natural de Oyambre, la instalación de un observatorio de aves en la marisma de Rubín y una senda interpretativa de la restauración del estuario, la creación de una senda pedestre en la ría del Capitán y el acondicionamiento del acceso a la ría de La Rabia.
