No nos hagamos trampa con la dependencia en Asturias

Pero el camino legislativo no hizo más que empezar. La creación de un sistema de protección social tan complejo como éste no es tarea fácil, como no lo fue en su día la puesta en marcha del sistema público sanitario, por poner un ejemplo, que se ha ido configurando paulatinamente y que, a pesar de sus insuficiencias, constituye hoy uno de los más desarrollados de los países de nuestro entorno.

La ley de Dependencia, como se la denomina popularmente, sienta las bases para el desarrollo de un nuevo sistema de protección con la peculiaridad de su naturaleza estatal pero no básica, como se pretendía en un principio, sino «de contenidos básicos» a causa de las limitaciones del Estado frente a las competencias autonómicas en materia de servicios sociales. Esto significa, en primer lugar, que ha sido necesario el acuerdo de todas las comunidades autónomas para poder determinar, entre otros temas, la forma de valorar la dependencia, el catálogo de prestaciones o los mínimos exigibles de la prestación económica o de servicios. Y significa también que cada comunidad autónoma será responsable de poner en marcha el sistema programando, la creación de los servicios y de plazas que considere necesarios, que se financiarán a través de convenios de colaboración con el Estado.

Un sistema incipiente que se ha puesto en marcha sin el pleno desarrollo reglamentario, ya que faltan por acordar los criterios generales de copago y de acreditación de servicios, criterios que de momento legisla provisionalmente cada comunidad autónoma. En Asturias esta legislación provisional ha empezado mal: la «rebaja» de las prestaciones económicas según la capacidad económica de la persona beneficiaria es la más desfavorable de todos los territorios, y se está tratando de regular el copago en el acceso a los centros de forma parcial e injusta, refiriéndose sólo a centros de mayores, manteniendo la arbitrariedad en las formas de participación económica y obviando a los servicios para las personas con discapacidad.

Recortes

Y no sólo no se está ampliando la plantilla de personal público, tal como debiera ser, sino que además la Consejería baraja recortes de atención médica en alguno de los centros existentes y parece que tiene la intención de que los nuevos centros públicos sean de «gestión concertada», es decir, con personal subcontratado, lo que pone en riesgo la obligada calidad de servicios al pretender sustentarlos en la creación de empleo precario, no de calidad como establece la ley. Esta tendencia a concertar la gestión de nuevos servicios resulta preocupante y peligrosa para la implantación del sistema de dependencia en Asturias, porque crea confusión entre lo netamente público y lo concertado, y porque esconde la intención de ahorro a costa de la precariedad laboral. No es nada nuevo; el personal de los servicios sociales públicos de gestión concertada tiene en general unas condiciones laborales bastante precarias, con salarios mucho más bajos y sometidos a la presión de la empresa subcontratada. En su mayoría pertenecen a ámbitos ocupacionales tradicionalmente discriminados por su feminización, contraviniendo el espíritu de la propia ley de Dependencia, en cuya elaboración se planteaba la preocupación por las mujeres y por la dignificación de las profesiones relacionadas con el cuidado de personas, y que recoge explícitamente la necesidad de la calidad del empleo como uno de los requisitos para asegurar la calidad en los servicios.

En Asturias se está cimentando en falso el sistema si no se apuesta por lo público, si no se asegura desde el principio la transparencia en la adjudicación de los conciertos y si no se camina hacia la homologación de las condiciones de trabajo de todos los servicios que van a integrarlo, sean de una índole contractual u otra. No nos hagamos trampa.

Ángeles Alegre San Millán es secretaria de política social de CC OO de Asturias.