Una moción para colocar la bandera arco iris en el Ayuntamiento por el Día del Orgullo enfrenta a PP y PSOE en el Pleno de Castrillón

Polémica en el Pleno de Castrillón. Una moción para colocar la bandera arco iris en el consistorio con motivo del Día del Orgullo LGTBIQA+ con motivo del Día del Orgullo ha enfrentado a PP y PSOE, que se han intercambiado reproches por la pertinencia de la propuesta. La situación de la seguridad en el municipio y una modificación presupuestaria de 1,5 millones de euros para el pago de suministros fueron otros de los asuntos candentes en la Sesión.

La encargada de defender la moción sobre el Día del Orgullo fue la concejala de IU, Noemí Martín, quien afirmó que el Orgullo representa "memoria, protesta, lucha, resistencia y reivindicación de derechos". Martín alertó sobre el aumento de los discursos de odio y vinculó la necesidad de la moción a sucesos recientes, como la presunta agresión a una persona trans en el concejo o la desarticulación de la banda "Whiteboys", un grupo de extrema derecha con integrantes de entre 14 y 22 años que operaba en Asturias organizando "cacerías" contra colectivos vulnerables y que contaba con jóvenes del concejo entre sus filas. Por ello, Martín solicitó la colocación de la bandera arcoíris en la fachada consistorial, campañas educativas y mejoras en la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Ojalá, en algún momento, no sea necesario traer estos debates", concluyó la edil, que recordó que "uno de cada cinco delitos de odio en España está motivado por la orientación o identidad sexual".

Por su parte, el edil de Vox, José Jorge Anes, calificó el texto como el "mismo discurso de todos los años repetido por la extrema izquierda" a la que acusó de querer imponer dogmas ideológicos. Aunque condenó cualquier tipo de agresión o discriminación, Anes argumentó que la moción divide a los ciudadanos en colectivos y utiliza las instituciones de forma partidista. Anes defendió la igualdad ante la ley sin distinciones e instó al Ayuntamiento a centrarse en la seguridad, la limpieza y el apoyo a las familias, además de rechazar el uso de recursos públicos para "campañas ideológicas en centros educativos" o la exhibición de símbolos en edificios oficiales.

Desde las filas socialistas, Beatriz Mayo justificó el apoyo de su grupo a la moción alegando que la "realidad de Castrillón" exige defender la libertad de los vecinos que sufren acoso y violencia. Mayo criticó con dureza la gestión del gobierno del PP, señalando que "en pleno 2026" la situación del concejo es "preocupante e insólita" y apuntó al "acercamiento" de los populares al discurso de Vox. Asimismo, acusó al ejecutivo de "señalizar a colectivos vulnerables" y de actuar como portavoces de discursos de odio, además de reiterar que "no se trata de un debate ideológico sino de derechos humanos".

La respuesta del gobierno municipal llegó a través de la concejala de Igualdad, María Lourdes López, quien aseguró que su partido apoya las políticas de respeto mutuo y que la defensa del colectivo LGTBIQA+ es un compromiso democrático, "no una cuestión ideológica". Sin embargo, López criticó la herencia del anterior gobierno municipal, a los que recriminó la escasa afluencia a los actos organizados en materia de igualdad y censurando que no se pida una declaración institucional "contra los países que criminalizan la homosexualidad". "La mayor manifestación es colgar a jóvenes de grúas y televisarlo, como en Irán, pero Irán les encanta", reprochó la concejala, quien también denunció la falta de psicólogos por parte del Gobierno central y regional para acompañar a las personas trans.

Estas declaraciones elevaron la tensión del debate. Mayo alegó que la concejala de Igualdad se encuentra "muy desubicada" y cuestionó si su afirmación vinculaba la salud mental con la transexualidad. A su vez, Martín censuró que el Gobierno local afirmara que la delincuencia a nivel nacional está vinculada a la inmigración. Para rebatir esta postura, la edil de IU detalló que en España hay siete millones de extranjeros y que "el porcentaje en la cárcel por delinquir es del 0,2", mientras que "el 99,8 por ciento restante viene a convivir y trabajar".

Finalmente, la portavoz del equipo de gobierno, Nuria González-Nuevo, cerró el debate acusando a la oposición de realizar una "política rastrera" y de utilizar a las personas migrantes para "rascar votos". González-Nuevo defendió la gestión en materia de seguridad del actual ejecutivo mediante la puesta en marcha del convenio VioGen, la celebración formaciones contra agresiones sexuales y la futura instalación de cámaras de vigilancia en el concejo. Respecto a las críticas sobre inmigración, la portavoz popular recordó que "incluso" partidos socialdemócratas europeos se posicionan en contra de la inmigración irregular.

Críticas a la modificación presupuestaria

El pleno de Castrillón aprobó, con los votos favorables de PP y Vox, una modificación presupuestaria de 1.301.500 euros. Iván López, portavoz socialista, justificó su voto en contra "por la forma de gestionar" del Ejecutivo y criticó que, a solo tres meses de aprobar las cuentas de 2026, los cambios eleven el presupuesto real cerca de los 40 millones frente a los 25 iniciales. En la misma línea, la portavoz de IU, Yasmina Trigueros, tachó de incomprensible el desfase en las facturas, preguntándose "cómo es posible equivocarse en medio millón de euros para calcular el gasto energético" respecto a lo previsto en marzo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Nuria González-Nuevo, replicó que la izquierda también recurría a "ingentes modificaciones" y justificó el incremento para cubrir la luz, el gas y el tratamiento de residuos. En ese sentido, González-Nuevo defendió que la partida financiará mejoras urbanas como la reparación de calles en Raíces, la ampliación del comedor de El Vallín, la renovación de luminarias y la reposición del cableado tras sufrir robos de cobre.

Plaga en el Infanta Leonor

También se aprobó, por unanimidad, el contrato para eliminar una plaga de termitas en el colegio Infanta Leonor por 13.794 euros durante cinco años (uno de ellos opcional). Pese a su voto a favor, IU y PSOE criticaron los plazos del contrato y el riesgo de asumir competencias autonómicas, mientras que la portavoz del gobierno municipal defendió el servicio para "no dejar caer" un edificio histórico dentro de un pacto global con el Principado, que invertirá 40.000 euros en la estructura afectada y asumirá mejoras en otros centros a cambio de que el Ayuntamiento renueve las ventanas de El Campiello.