22 de mayo de 2010
22.05.2010
 

Tres mierenses se enfrentan a 2 años de cárcel por asaltar instalaciones de Hunosa

La fiscalía les acusa de robar material en Pumardongo para luego venderlo

22.05.2010 | 02:00

Mieres del Camino, D. M.


Tres mierenses, de entre 38 y 42 años, se enfrentan a una pena de dos años de cárcel para cada uno tras ser acusados de asaltar instalaciones de Hunosa en Pumardongo y de robar diverso material para posteriormente intentar venderlo a través de una empresa instalada en Oviedo. Según recoge el escrito de calificación provisional de la fiscalía, los hechos tuvieron lugar entre abril y mayo de 2008 y los encausados pudieron contar con la ayuda de un cuarto implicado, supuestamente encargado del transporte. Este último se enfrenta a una condena de un año.


Según la fiscalía, C. J. A., R. P. V. y J. B. A., los tres sin antecedentes, idearon hace dos años un plan para desvalijar las instalaciones de la escombrera de Pumardongo, situada cerca de Baíña, en Mieres. «De común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito, accedieron en varias ocasiones a las instalaciones forzando una ventana y varias puertas». Una vez en el interior del recinto se hicieron con un juego de cinco llaves y camparon a sus anchas. Según el fiscal, sustrajeron un taladro eléctrico, una bomba sumergible, dos cables Epotrenax, que sirven para medir tensiones, y un equipo de música. Una vez logrado su botín, transportaron el material hasta una empresa con domicilio social en la calle Pérez Galdós de Oviedo. Su intención, según la instrucción, era vender la mercancía robada. Si bien se pudo recuperar parte del material sustraído, el instrumental que no pudo ser encontrado tiene un valor de algo más de 8.000 euros, cantidad que deberá ser reembolsada a Hunosa, como indemnización.


La fiscalía también pide para un empresario mierense dos años y tres meses de cárcel por un delito societario de administración desleal vinculado a la compra-venta de un inmueble de Mieres entre dos empresas de las que era socio el acusado. La instrucción recoge que P. M. F., con la colaboración de J. M. C., ejecutó lo que podría calificarse como una presunta falsa compra-venta por la que el inmueble pasó de una empresa promotora de la que era socio a otra de turismo rural en la que también participaba. El traspaso de la propiedad, valorado en 145.000 euros, fue registrado pero nunca se llegó a realizar el cobro. El fiscal pide la nulidad de la compra-venta y para el acusado reclama, además de 27 meses de cárcel, una multa de 290.000 euros y las costas del juicio.

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