Mieres del Camino,
C. M. BASTEIRO
El grupo municipal de IU-Los Verdes en Mieres acaba de enviar una queja contra la Administración regional a la Procuradora General. La coalición asegura que el Principado violó la ley de información ambiental cuando resolvió, el 25 de octubre de 2010, el plan de actuaciones para el control del cormorán grande en el río Caudal y otros cauces de la región.
La concejala Olga Álvarez explicó que «también se informará de este problema a la Comisión del Convenio de Aarhus, de la Comunidad Europea». La irregularidad del Principado, según la edil, se encuentra en que no informó debidamente al Ayuntamiento de Mieres de que se iba a tomar la medida de control de los cormoranes, «tal y como marca la ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la información».
Con esta norma en la mano, la coalición asegura que «las administraciones están obligadas a colaborar entre ellas y realizar sus actuaciones bajo los principios de información mutua, cooperación y colaboración». El Principado, según Olga Álvarez, se ha «saltado sin escrúpulos» el deber de informar al Consistorio mierense en la resolución del control de los cormoranes. La edil asegura que «esa actitud y ese ninguneo es consentido y sostenido por nuestro equipo de Gobierno, que no se ha molestado en pedir explicaciones al respecto».
El grupo municipal de IU-Los Verdes decidió llevarlo hasta la Procuradora General «después de tratar este tema en una comisión de Medio Ambiente y no encontrar ninguna respuesta satisfactoria». Además, la formación local ya había solicitado información pública «el 2 de diciembre, sin que haya obtenido respuesta alguna». Álvarez explica que el Principado «está pisoteando los derechos de información de la Administración local y, a la vez, el derecho de todas las personas que la hayan solicitado».
