Mieres del Camino,

Julio VIVAS

El Ministerio de Cultura no tiene fondos ni plazos para abordar la restauración del pozo Santa Bárbara, ubicado en Turón. Recientemente, el PP preguntó en el Senado por estas actuaciones de recuperación de la arqueología industrial del valle de Turón, concretamente cuándo iban a arrancar las obras y en qué año terminarían. Como única respuesta desde el Gobierno, el PP obtuvo que, previamente a las obras, «se requiere la realización de un estudio y posterior proyecto de sostenibilidad del plan de futuro».

El Ejecutivo señala en su contestación que, durante la presente anualidad, «se ha llevado a cabo la redacción del proyecto de consolidación y restauración en el pozo» y aludió a las partidas invertidas. Concretamente, 41,706 euros para la redacción del proyecto dentro de 2010, y una previsión de 23.430 euros «en los primeros meses» de este año. El proyecto, encargado a los arquitectos José Ramón Fernández Molina y Javier Felgueroso, fue entregado en la segunda mitad del pasado año, sin que se haya realizado por parte del Ministerio de Cultura ningún movimiento más para su ejecución.

A pesar de la reconocida ausencia de fondos para llevar a cabo los trabajos en el pozo turonés, el Gobierno central sí había destinado en anualidades posteriores un millón de euros dentro de los presupuestos del Estado para estos trabajos, no llegaron a invertirse en la recuperación de esta explotación minera.

La restauración del pozo Santa Bárbara, declarado como Bien de Interés Cultural, lleva en proyecto desde hace nueve años, cuando el Consejo de Patrimonio Histórico seleccionó la antigua explotación minera para una primera fase de actuaciones de rehabilitación, junto a la fábrica de gas y electricidad de Oviedo, y los saltos hidráulicos de Grandas de Salime. Sin embargo, la iniciativa ha ido a paso de tortuga, consiguiendo tan sólo en los últimos meses que se redactase el proyecto de consolidación y la dirección de obras. El proyecto para la puesta en valor del pozo Santa Bárbara estaba valorado en casi tres millones de euros que, en principio, iban a ser financiados por el Estado, el Principado y los fondos mineros.