Frenazo judicial al recorte de unidades concertadas en el Colegio Sagrada Familia-El Pilar de Pola de Lena. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un auto en el que obliga, como medida cautelar, a abrir las matriculaciones para el próximo curso y advierte a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de que suprimir ahora el Bachillerato, sin conocer el número de alumnos para el próximo curso ni la resolución judicial definitiva, podría acarrear «perjuicios irreparables» para el centro. Este auto responde a un recurso presentado por el Instituto de la Sagrada Familia de Urgell contra el ajuste del Principado.
El Colegio Sagrada Familia-El Pilar fue el centro más afectado de Asturias por los recortes de unidades concertadas. El Gobierno regional tenía previsto suprimir el Bachillerato y un ciclo de Grado Medio de Comercio. La respuesta de la comunidad educativa en Lena fue instantánea. Los padres protagonizaron una protesta a las puertas de la Consejería y la dirección comenzó los trámites para recurrir la decisión por la vía judicial.
Los dos métodos dieron respuesta. La Consejera de Educación, Ana González, recibió a varios representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) después de la protesta y se comprometió a mantener el Bachillerato si el centro cumplía con la ratio de matrícula en septiembre. Esta respuesta no convenció a los padres, ya que muchas familias podrían cambiar de colegio ante la incertidumbre en el centro lenense.
Mas tranquilos se han quedado con auto judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias considera que «la plena efectividad inmediata» de la medida decretada por Educación «produce perjuicios irreparables, por no ser susceptibles de valoración económica a la recurrente (Instituto Sagrada Familia de Urgell)». La matrícula del Bachillerato sigue abierta a la espera de conocer el número de alumnos y la decisión definitiva del Tribunal Superior de Asturias sobre la reclamación del centro lenense.
El auto judicial ya ha generado reacciones políticas. La primera en reaccionar ha sido la diputada regional del PP Susana López Ares, que no se ha sorprendido por la decisión. «La medida adoptada desde el Gobierno regional es sectaria. El Principado tiene la obligación de atender tanto a la enseñanza pública como a la concertada», aseguró la diputada del PP, que añadió que el recorte deja «indefensos» a padres y alumnos.
