"Cuatro años y medio de cárcel por lanzar, presuntamente, botellas de vidrio a la Guardia Civil es una exageración". Así se manifestaba ayer el letrado Luis Manuel del Valle, que defendía a uno de los tres hombres acusados por los hechos ocurridos en Pola de Lena, en junio de 2012, durante las movilizaciones mineras, a las puertas de los juzgados de Oviedo. La sesión oral, que se iba a celebrar, tuvo que ser aplazada finalmente al 5 de septiembre al no presentarse uno de los acusados. El hombre está cumpliendo condena en la cárcel de Villabona por un delito de drogas, pero ni su abogada, ni el tribunal conocían este hecho. Fue un testigo quien informó de su situación.

Los hechos se remontan a la tarde del 27 de junio de 2012, durante un corte en la autovía, junto a la localidad de Pola de Lena, relacionado con el conflicto minero. El escrito de Fiscalía asegura que los acusados se encontraban entre un grupo de personas que estaban lanzando botellas de vidrio a los agentes de la Guardia Civil. No hubo daños personales, pero sí materiales en uno de los vehículos de los agentes. Para Luis Manuel del Valle, "es una exageración que la Fiscalía solicite una pena de cárcel de este calado, cuando lo más que se les imputa es que quizás han participado en el lanzamiento de botellas de cristal y la única verdad es que sí, estuvieron allí, como también otras más de 2.200 personas que presenciaron los hechos". En su opinión, pedir cuatro años y medio de cárcel "está fuera de lugar y si hay un vídeo que demuestra lo ocurrido, tenía que haberse presentado ya, porque de momento sólo tenemos la declaración de los agentes".

El letrado es uno de los tres abogados que estaban citados ayer para el juicio. Cada uno defendía a un acusado, quienes, además, no tienen relación con la minería, "sino que estaban presenciando lo ocurrido, tampoco tienen relación entre ellos", recalcó Del Valle. La sesión oral estaba prevista para las 10.40 horas en el juzgado de lo Pena número uno de Oviedo, si bien se fue retrasando debido a que se habían fijado otros cuatro juicios desde las diez de la mañana. Mientras tanto, los abogados esperaron la llegada de los acusados, pero uno de ellos no acabó de presentarse. Finalmente, fue uno de los testigos llamados a declarar quien informó a la abogada de que el acusado se encontraba en la cárcel de Villabona por un delito de drogas posterior. La letrada, que desconocía este hecho, consiguió hablar con el tribunal para ponerle al corriente de la situación de su defendido, ya que tampoco tenían constancia de que estaba en prisión. Finalmente, se decidió un aplazamiento del juicio, fijándose para el próximo 5 de septiembre a las 9.30 horas.

De momento, se mantiene la acusación de la Fiscalía, que considera los hechos constitutivos de un delito de desórdenes públicos en concurso con otro de atentado a los agentes de la autoridad. Por ello, pide cuatro años y medio de prisión para cada uno de los acusados, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el abono de las costas procesales y el pago, de forma conjunta y solidaria, de una indemnización de 1.376,28 euros a la Guarida Civil, más intereses. Los abogados piden la libre absolución.