La tensión laboral en el Ayuntamiento de Mieres está próxima a alcanzar los niveles de 2012, cuando el gobierno local de IU aprobó un plan de ajuste que conllevó un recorte salarial de 1,4 millones en las nóminas. Los trabajadores ya han sido informados de que a partir del 1 de febrero verán incrementada su jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales. Esta decisión llega justo cuando el Ayuntamiento se enfrenta a una avalancha de denuncias. De hecho, los gestores municipales tienen sobre la mesa un total de 190 reclamaciones judiciales. Todas tienen un marcado contenido salarial. Según fuentes consultadas por este diario, las previsiones más optimistas apuntan a que el Ayuntamiento tenga que abonar alrededor de un millón de euros para hacer frente a las sentencias, ya que se da por hecho que el grueso de los casos se perderán en atención a la jurisprudencia existente.
Las relaciones entre el gobierno local de IU y los trabajadores municipales vuelven a estar muy tensas. Este diario hizo pública el mes pasado la intención del gobierno local de aplicar la jornada de 37 horas y media, que actualmente únicamente cumple la Policía Local. Hasta ahora, la plantilla debía fichar hasta las 35 horas para cumplir con sus tareas, según lo establecido en el polémico convenio laboral 2010-2012, el último firmado en Mieres y cuyos contenidos salariales ya quedaron suspendidos hace más de tres años, con la aplicación del plan de ajuste. Finalmente, el aumento de jornada se hará efectivo en febrero. Los trabajadores acaban de ser informados por escrito. Los jefes de sección ya tenían preparados los nuevos cuadrantes desde hace semanas, pero los sindicatos aún mantenían alguna esperanza de que la medida quedase suspendida y se mantuviera la actual programación.
Más de 250 trabajadores se verán afectados a partir del próximo mes por el incremento de la jornada laboral, con unos 30 minutos más de trabajo diario, aproximadamente. De esta forma, los responsables municipales prevén ganar unas 3.000 horas laborales mensuales. El ajuste horario afectará a toda la plantilla menos a la Policía Local. Y es que el servicio de agentes municipales, integrado por algo más de medio centenar de miembros, ya venía cumpliendo con los horario establecidos en la reforma laboral de 2012 para el personal adscrito a la administración pública, asumiendo refuerzos según las necesidades del Consistorio. Así, la jefatura puede movilizar más efectivos coincidiendo con fiestas y actividades deportivas que demanden medidas especiales de control vial, como carreras ciclistas o pruebas de atletismo.
El aumento de la jornada laboral afecta también al personas docente de la Casa de la Música. Los profesores del conservatorio estaban hasta ahora equiparados al personas municipal, pese a que tenían un contrato por horas. Es decir, si, por poner un ejemplo, tenían asignadas 20 horas semanales, perciben el sueldo íntegro según su categoría. El Ayuntamiento, en este caso concreto, ha puesto sobre la mesa dos alternativas. O bien pasan a trabajar las 37 horas y media perceptivas, o bien comenzarán a cobrar la parte proporcional del salario.
Al gobierno local le ha costado dar el paso, pero finalmente ha tomado la decisión de aumentar la duración de la jornada laboral. La medida llega en un momento especialmente comprometido para el Ayuntamiento, que tiene que hacer frente a casi 200 denuncias laborales. El gobierno local no quiere poner de momento cifras al terremoto económico que supondría tener que hacer frente a las obligaciones que reclaman los trabajadores. Ahora bien, a nivel interno se asume que el coste de los pagos que se avecinan puede superar, "ampliamente", el millón de euros. Los gestores municipales reconoce que la situación que se generaría sería de grave crisis.
Las denuncias se pueden dividir en tres grandes bloques. Por un lado están los 31 trabajadores del último plan de empleo que han reclamado por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. Todo indica, según sentencias precedentes, que ganarán, por lo que tendrán que ser indemnizados. Luego están los 125 trabajadores laborales que exigen la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. Un total de 81 de estas reclamaciones han sido atendidas por los Juzgados y están recurridas. Donde el Ayuntamiento tiene más posibilidades de salir indemne es con los 34 funcionarios que han seguido el camino de sus compañeros laborales.
