Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) está a punto de concluir el informe sobre el deslinde entre los concejos de Carreño y Gijón, que deberá aclarar a quién pertenecen los terrenos ganados al mar con la explanada artificial de Aboño situada en la parte trasera de El Musel. El pasado mes de abril finalizaron los trabajos de campo llevados a cabo por los técnicos en Topografía, que deberán despejar las dudas del Principado de Asturias a la hora de decidir la titularidad de esta parcela que lleva asociada importantes beneficios económicos por impuestos industriales.

Este informe elaborado por los técnicos tendrá carácter preceptivo, y no vinculante, para la toma de decisiones del Principado, quien lo remitirá al Consejo Consultivo antes de llegar a una conclusión definitiva. Según explicaron desde la Consejería de Ordenación del Territorio, la consecución del informe del IGN se ha alargado hasta la primavera debido a la necesidad de los técnicos de examinar los terrenos en la máxima bajamar para delimitar el linde entre los concejos.

Esta máxima bajamar se produce en el mes de abril, por lo que el informe no ha podido ser remitido al Principado hasta ahora. Desde la Administración regional esperan poder recibirlo en un espacio corto de tiempo, aunque no se fijan plazos.

La decisión sobre el deslinde entre los municipios no tendrá una pronta solución, según explican, debido a que una vez el informe sea recibido aún habrá de elaborarse una propuesta de acuerdo por parte de la Consejería para remitirla al Consejo de Gobierno. Asimismo, esta propuesta también será valorada por el Consejo Consultivo, antes de que se emita dicho acuerdo.

Una vez eso suceda, la parte desfavorecida con la resolución tendrá posibilidad de recurso. Desde Carreño se asegura que se agotarán todas las vías legales para defender que los terrenos son de su titularidad. Las posturas de lo concejos limítrofes son encontradas desde el comienzo de la disputa, que surge ante el interés de ambos por la importancia económica e industrial de los terrenos. Por ello, a comienzos del pasado año se solicitó el arbitraje del Principado y del IGN.