Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La gasolinera situada en el polígono industrial Tabaza II, cuya licencia ha sido anulada por la justicia, puede costarle al Ayuntamiento un millón de euros en indemnizaciones, según denunciaron ayer los partidos de la oposición, que solicitan al equipo de gobierno que asuma sus responsabilidades ante un hecho que puede socavar de forma importante el presupuesto municipal. El portavoz de la Unión Independiente de Carreño (UICA), Ramón Artime, va más lejos y solicita la dimisión de los que, aun contando con informes negativos de los técnicos municipales, votaron a favor de conceder la licencia de actividad y aún tengan cargos públicos (la concesión se aprobó en 2006 con los votos de PSOE y URAS).

«Lo más sorprendente es que después de tres sentencias contrarias al Ayuntamiento todavía no se haya producido ningún movimiento: la gasolinera continúa abierta y vendiendo combustible y los responsables de la concesión de su licencia ilegal todavía no han asomado la cabeza», decía ayer el portavoz de los independientes, Ramón Artime. En opinión del líder del segundo partido de la oposición, «los que votaron a favor de la concesión de licencia deberían dimitir ya».

Los independientes también han hecho referencia al coste que podría tener para el municipio hacer frente al pago de indemnizaciones a los empresarios de la gasolinera si éstos deciden acudir a la vía judicial para reclamar sus pérdidas: «Al Ayuntamiento podría costarle mucho la decisión arbitraria de sus dirigentes». Más concretamente, el portavoz del PP de Carreño cifra en «más de un millón de euros» la cantidad a la que tendría que hacer frente el municipio si se llegase a un contencioso por daños con la empresa de la gasolinera, Gasóleos de Carreño. «Los empresarios pueden ahora pedir indemnizaciones por la construcción del edificio y también por el lucro cesante», explica Celestino Gutiérrez. El PP esperará al Pleno de la próxima semana, donde se espera que el gobierno dé explicaciones al respecto, para pedir responsabilidades. Un millón es también la cantidad estimada por UNA «en función de los metros cuadrados de la instalación, y comparándolo con otros casos similares en la región», explicó Santiago Artime.

«Es sorprendente que después de tres sentencias en contra no haya pasado nada»

<Celestino Gutiérrez >

Portavoz del PP

«Los que votaron a favor de la concesión de licencia deberían dimitir ya»

<Ramón Artime >

Portavoz de UICA

«La indemnización será de un millón si se analizan otros casos similares en la región»

<Santiago Artime >

Portavoz de UNA