Aboño (Carreño),

Braulio FERNÁNDEZ

No hay fisuras en la opinión política carreñense. Todos los grupos de la oposición rechazan la resolución del Principado sobre el deslinde de Aboño, que concede a Gijón dos terceras partes del terreno ganado al mar. «Injusto» y «arbitrario» son dos de los calificativos más utilizados por la clase política carreñense para definir el dictamen del Gobierno regional. Junto a estas palabras aparece otra, «recurso», como la herramienta necesaria para defender la titularidad carreñense de la explanada, y una cuarta, «contaminación», que es lo que consideran que obtiene el municipio con la decisión de la Administración regional, en lugar de la recaudación de impuestos que, según los partidos del Consistorio, se queda Gijón en exclusiva. PP, UICA, URAS y UNA valoran muy negativamente el deslinde con Gijón.

Ante la decisión del Principado de partir en dos partes desiguales la explanada ganada al mar en Aboño quedan para Carreño dos opciones ahora, indica el líder del Partido Popular, Celestino Gutiérrez: «Aceptarla o recurrirla». Y, según el portavoz conservador, y a falta de que se reúna la comisión de deslinde, «la apuesta del PP es que esa decisión debe ser recurrida». Es la postura defendida también por el gobierno desde el inicio del proceso, que en la primavera de 2007 quedó reflejado en las declaraciones del alcalde, Ángel Riego: «Iremos hasta los tribunales para defender lo que es nuestro». Hasta el momento, no se han producido variaciones.

Una de las dudas que asalta al PP es: «¿Por qué han tardado un año en resolver el deslinde en el Principado para dejar la línea tal y como la colocó el Instituto Geográfico Nacional en noviembre de 2008?». Sin respuesta a la pregunta, Gutiérrez aseguró ayer que «la única opción que queda es el recurso, ante lo que es una decisión injusta que perjudica gravemente los intereses del concejo».

El fondo del pensamiento regional es lo que trata de evaluar la Unión Independiente de Carreño, al incrustar la decisión sobre el deslinde «en el contexto del despliegue de El Musel sobre Carreño». «Ahora trazan una línea que beneficia a Gijón claramente, de forma que la industria que ahí se formará pagará impuestos en Gijón, pero contaminará en Carreño», explicó el portavoz de UICA en el Ayuntamiento, Ramón Artime.

«Esto forma parte de una estrategia regional, conjuntamente con el desmonte del Alto de Aboño, para que Carreño no intervenga en las tramitaciones administrativas de la ampliación industrial en el entorno del puerto», añadió el independiente, para quien «no cabe ninguna duda de que la explanada va a seguir creciendo y lo hará en la parte gijonesa, pero al oeste de Torres, con lo que la contaminación afectará fundamentalmente a las playas y las vecindades de Carreño».

El trazado de la línea divisoria es «arbitraria», para UICA, y «responde a los intereses del Ayuntamiento de Gijón y al PSOE de Asturias», subrayó Artime, que, por otra parte, asegura no estar sorprendido: «El Gobierno de Areces ya nos tiene acostumbrados a estas decisiones salomónicas, baste recordar cómo recientemente se optó por desviar los tráficos sucios de El Musel por Carreño y dejar los limpios para Gijón».

Por su parte, desde URAS, Joaquín Rodríguez, que siguió el inicio del conflicto durante su etapa al frente de la concejalía de Urbanismo en el mandato pasado, cuestionó ayer la legitimidad de la nueva línea divisoria, basada en la opinión del Instituto Geográfico Nacional. «Ya había un deslinde hecho en la zona, de 1898, y no se quién mandó al IGN que hiciera uno nuevo; para lo que se llamó a estos señores fue para que amojonasen la parte en la que los hitos habían desaparecido, no para que se inventasen unos nuevos», clamó el concejal. «No era necesario que ni el IGN ni el Principado hiciesen un nuevo deslinde, ya que lo que hacía falta es que se amojonase, cosa que además han hecho y bien, colocando los hitos al este de la ría de Aboño, por lo que reconocen que la ría es de Carreño; no sé por qué razón no lo es su expansión», analizó Rodríguez, puntualizando que, según el trabajo realizado, la explanada sería carreñense.

«Para el Principado, los intereses económicos de Gijón están en un orden de prioridades superior que los intereses ambientales de Carreño», resume Xuan Fernández, concejal de UNA, para quien la arbitrariedad de la línea responde a la política de «agravio constante con la que el Gobierno regional somete a Carreño».

En Carreño tan sólo se está a la espera de que se convoque la comisión de deslinde, integrada por cuatro concejales en representación de PSOE, IU, URAS y PP. De esta comisión, y también de la de Urbanismo, en la que figuran las seis fuerzas políticas de Carreño, surgirá una apuesta común que parece irá encaminada a los tribunales.

El PP de Gijón también ha emitido una voz crítica contra el deslinde y contra las declaraciones del gobierno gijonés aceptando la decisión del Principado, aunque en sentido contrario: «Se creó una comisión municipal para tratar asuntos relacionados con el deslinde con Carreño y se acordó defender el cien por ciento de la explanada con titularidad gijonesa, así que no sé a qué vienen las declaraciones de Sanjurjo dando por válida la nueva delimitación», dijo el concejal Pedro Muñiz.

A juicio de Muñiz, Sanjurjo ha cometido un «error táctico», ya que, según explicó , «si defendías el cien por ciento y te conformas con dos tercios quiere decir que no tenías muy claro lo que defendías». «Hasta ahora la explanada ha sido de Gijón y queremos que siga siéndolo, no que renuncie tan fácilmente a una tercera parte», concluyó.

«Nadie pidió un nuevo deslinde, ya lo hay desde hace más de cien años»

<Joaquín Rodríguez >

Portavoz de URAS

«La industria de Aboño pagará impuestos a Gijón, pero contaminará Carreño»

<Ramón Artime >

Portavoz de UICA

«La resolución no es justa y nosotros apostamos por recurrirla»

<Celestino Gutiérrez >

Portavoz del PP