Pola de Siero, Franco TORRE
El Tribunal de Cuentas ha condenado al alcalde de Siero, el socialista Juan José Corrales, y a su predecesor en el cargo, José Aurelio Álvarez, a devolver de su bolsillo las retribuciones percibidas de más por los empleados municipales durante el período 1999-2001 fruto de una subida salarial «ilegal», según sentencia judicial. El Tribunal estima en 747.717,78 euros la cantidad total a devolver entre ambos, aunque matiza que de ese importe se deberán descontar los reintegros administrativos que se vienen produciendo desde marzo del año pasado a los trabajadores.
Este fallo -que no es firme- responde al recurso de apelación presentado por la fiscalía tras una sentencia del pasado 16 de marzo, en la que se absolvía a Corrales y a Álvarez, y que además tenía en cuenta la decisión de la concejalía de Economía y Hacienda de ir obteniendo el reintegro de esos pagos indebidos mediante su descuento en la nómina de los trabajadores municipales.
De hecho, en esa sentencia se afirmaba que si ese reintegro «hubiese sido conocido por el Ministerio Fiscal antes de formalizar su demanda es muy posible que la misma no hubiera sido ni siquiera planteada».
No obstante, la fiscalía rechazó esa afirmación, y continuó con un proceso que ha acabado ganando. Según se desprende del auto, el Tribunal de Cuentas divide las retribuciones en cuatro apartados. El primero se refiere a los pagos efectuados durante los últimos meses de mandato de José Aurelio Álvarez, que había ejecutado el aumento retributivo previo acuerdo plenario. Entonces, se contabilizaron pagos indebidos por un importe de 54.805,55 euros, cantidad que se reclama al ex alcalde popular.
Tras las elecciones, el socialista Juan José Corrales se hace cargo de la alcaldía de Siero y mantiene las retribuciones, pese a haber sido impugnadas por el abogado del Estado. Entre julio y diciembre de ese año se abonaron de manera irregular otros 62.006,44 euros, a los que hay que sumar los 486.547,77 abonados durante el año 2000. Estas cantidades se relaman a Corrales como máximo responsable contable del Consistorio, pese a que habían sido respaldadas por unanimidad del Pleno el 16 de septiembre de 1999, y que estaban refrendadas en los presupuestos municipales del año 2000, aprobados el 31 de diciembre de 1999. Además, se reclaman a Corrales otros 144.358,02 euros, referentes a pagos realizados, sin cobertura legal, a los empleados municipales por los gastos sanitarios de enfermedad, odontología y prótesis no cubiertos por la seguridad social, y por el abono de ayudas para la adquisición de viviendas.
En total, se reclaman al actual Alcalde 692.912,23 euros, mientras que José Aurelio Álvarez debería abonar los restantes 54.805,55 euros. Unas cantidades a las que habría que sumar los intereses. No obstante, la sentencia también tiene en consideración los reintegros que se están realizando desde las nóminas de los trabajadores municipales, y matiza que esas cantidades deben ser tenidas en cuenta. El plan de la concejalía de Economía y Hacienda prevé restituir todos los pagos indebidos en junio de 2011.
Un supuesto que de momento se antoja lejano, ya que Corrales anunció ayer que recurrirá el fallo del Tribunal de Cuentas ante el Supremo. Para el regidor, «lo único que hemos hecho ha sido cumplir los acuerdos del Pleno y firmar las nóminas de los trabajadores», por lo que afirma tener «una total tranquilidad de conciencia». No obstante, Corrales evitó referirse a las posibles incidencias del fallo judicial sobre la actual negociación colectiva, señalando que «esta sentencia tendrá repercusión sobre todos los convenios de España», ya que considera que al Consistorio sierense y a su persona se le están pidiendo cuentas «por algo que sucede en todos los ayuntamientos de España de manera idéntica», y confió en que «los jueces profesionales» del Tribunal Supremo le den la razón. Por último, Corrales rechazó valorar las repercusiones sobre su carrera política: «A mí sólo me preocupa mi honorabilidad y mi conciencia». Y aseguró que dimitirá de su cargo «si hay una condena firme contra mi persona».
José Aurelio Álvarez descartó valorar el fallo, si bien no ocultó su sorpresa. El ex regidor anunció, al igual que Corrales, que presentará un recurso.
10 de enero de 2007
La fiscalía demanda a Álvarez y a Corrales, ante el Tribunal de Cuentas por los pagos indebidos entre 1999 y 2001.
24 de marzo de 2008
La concejalía de Economía inicia un plan de devoluciones.
16 de marzo de 2009
El Tribunal de Cuentas absuelve a Corrales y a Álvarez.
30 de septiembre de 2009
El Tribunal de Cuentas revoca la sentencia previa.
