20 de enero de 2010
20.01.2010
La Nueva España
Carreño

El desmonte de Aboño no requiere licencia municipal, según un informe jurídico

La oposición busca soluciones alternativas que permitan preservar el alto y los vecinos anuncian que recurrirán a la vía judicial para defenderse

20.01.2010 | 01:00

Aboño,

Braulio FERNÁNDEZ

La Autoridad Portuaria no ha necesitado permiso del Ayuntamiento de Carreño para derruir dos casas en el Alto de Aboño y tampoco lo necesitará para desmontar el accidente orográfico entero. Así se desprende del informe jurídico elaborado por el secretario municipal, Fernando Mora Bangera, que fue dado a conocer ayer a los grupos políticos municipales.

El abogado de Carreño entiende que los hechos producidos en el Alto, «aparentemente insignificantes, tendrán repercusión de alcance, sobre si la Autoridad Portuaria puede ejecutar el proyecto de desmonte sin necesidad de contar con intervención municipal». En sus conclusiones, Mora Bangera establece «con claridad» que «el desmonte es una infraestructura de ampliación y que, por tanto, no precisa licencia, ni plan especial». El motivo es que el Alto de Aboño es un espacio portuario, incluido dentro del plan de utilización de espacios portuarios, sobre el cual no tiene competencias el Ayuntamiento de Carreño.

Así, la destrucción de dos casas y de una fuente pública en el barrio carreñense ha desvelado la verdadera situación jurídica de la zona. Hasta ahora, tanto el gobierno como la oposición municipal mantenían que al Ayuntamiento le quedaba una última herramienta para frenar el desmonte, al cual se oponen. Esa herramienta era de índole administrativa, pero el informe del secretario municipal elimina tal posibilidad, aunque sí apunta que se hace «necesario un planeamiento urbanístico correspondiente a la zona de El Musel en Carreño».

El abogado expone que «no alcanzamos a entender el significado de realizar una demolición sin esperar a la aprobación del proyecto, pero eso no convierte en ilegal la actuación».

La demolición de las casas en el Alto, en tanto preludio del desmonte, ha provocado ya las primeras reacciones vecinales. Así, la Asociación de Vecinos de Xivares, población situada junto al monte, expuso ayer que «la licencia municipal siempre es necesaria, por mucho que la Autoridad Portuaria sea propietaria de los terrenos». Javier Rubio, portavoz del colectivo vecinal, valoró que, ante el giro producido en la situación, ya que «la postura antes era que El Musel debía pasar por el Ayuntamiento y, ahora, no», se buscará una solución «por la vía judicial, tras la cual, si resulta satisfactoria, se depurarán responsabilidades». Rubio acusa a los dirigentes municipales de «falta de firmeza y dejadez absoluta, por permitir una obra que no cuenta con declaración de impacto ambiental».

Ramón Artime, portavoz de UICA, en la oposición, criticó la labor desempeñada por los técnicos jurídicos del Ayuntamiento, que «hace un año decían que El Musel necesitaba, al menos, un plan especial y, ahora, ya no lo necesita». Por ese motivo, manifestaron su preferencia por contratar un servicio jurídico externo, ya que «ahora no tenemos defensa jurídica». Por su parte, Celestino Gutiérrez, portavoz del PP, mantiene la «esperanza de que sea posible solicitar al Puerto un plan especial en el que describa las actuaciones a realizar en Carreño y que requiera nuestro visto bueno».

«Confiamos en poder exigir un plan especial que requiera el visto bueno de Carreño»
Celestino Gutiérrez
Portavoz del PP

«Acudiremos a la vía judicial y, después, se depurarán responsabilidades»
Javier Rubio
Asociación de Xivares

«Queremos que este caso se ponga en manos de un bufete de abogados»
Ramón Artime
Portavoz de UICA

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