28 de mayo de 2010
28.05.2010
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Carreño

El PP pide apartar a Áurea Gutiérrez hasta resolver el caso de las multas

Los populares instan al Alcalde a retirar las competencias de Seguridad Ciudadana a la edil l La fiscalía ve posible prevaricación en su gestión de las sanciones

28.05.2010 | 02:00
Un policía local de Carreño multando a un vehículo en la calle Reina María Cristina, en una foto de archivo.

Candás,

B. FERNÁNDEZ

El PP de Carreño solicitó ayer al Alcalde, el socialista Ángel Riego, que retire las competencias de la concejala Áurea Gutiérrez en materia de Seguridad Ciudadana y sobre la policía local en tanto no se resuelva el proceso judicial en el que está implicada la edil. La fiscalía ve indicios de prevaricación en Gutiérrez por alterar la tramitación de las multas de tráfico durante un periodo de 2009. Los conservadores han instado a Ángel Riego, además, a que sea él mismo quién asuma las responsabilidades de gestión de las fuerzas de seguridad municipales, con el pretexto de salvaguardar «la honorabilidad del servicio público, que así lo exige».

La petición de suspensión cautelar de las funciones de la concejala Áurea Gutiérrez no implica, según indicó el portavoz del PP, Celestino Gutiérrez, al resto de funciones de la edil como teniente de alcalde o responsable de Hacienda y Servicios Sociales. «Respetamos la decisión del ministerio fiscal, y también la presunción de inocencia de la concejala, a la que no estamos cuestionando con nuestra petición. Pero creemos que por el bien de todos, y de cara al proceso judicial, será un signo de buena disposición que aparque el cargo de forma cautelar», puntualizó el líder de los populares. Si el Alcalde aparta de la delegación de seguridad ciudadana a Gutiérrez, el portavoz del PP considera, además, que «el problema con la policía local podría ser encauzado».

Por su parte, desde la Unión independiente de Carreño (UICA) considera que «el hecho de que la fiscalía denuncie a la concejala es de gravedad, y la responsabilidad legal la dictaminará un juez, pero la política la debemos exigir nosotros».

Ramón Artime, su portavoz, señaló que actuarán cuando sepan concretamente «cuántas multas se han visto afectadas por la dilación en la tramitación, cuantas faltan, y cuando se dé cuenta de ello a la Corporación, tomaremos medidas y exigiremos las pertinentes responsabilidades». Más cautos se mostraron desde UNA, a la espera de que los partidos sean informados por el propio Gobierno de la tramitación de la denuncia fiscal.

Por su parte, desde el colectivo de la Policía Local rehusaron hacer una valoración de la propuesta de denuncia del fiscal, al considerarse parte implicada, tras haber denunciado los hechos. Adelantaron que en los próximos días podrían producirse pronunciamientos por parte de los sindicatos policiales.

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