Candás / Luanco,

Braulio FERNÁNDEZ

La supervivencia de la Mancomunidad del Cabo Peñas sólo es posible si los dos concejos que la componen, Carreño y Gozón, son capaces de recortar el gasto anual de 400.000 euros que cuesta el ente a cada Ayuntamiento. Ésa es la respuesta del alcalde de Gozón, Salvador Fernández, al anuncio desde Candás de que los impagos del concejo vecino han dejado vacías las arcas de la mancomunidad, con lo que peligran los próximos sueldos de los empleados. El regidor gozoniego tacha de desleal a su homólogo, Ángel Riego, y sostiene que su gobierno tiene de plazo hasta final de año para ponerse al día de los pagos.

La máxima autoridad de Gozón plantea un cambio en el modelo de gestión económica de la Mancomunidad del Cabo Peñas, que integran los municipios de Carreño y Gozón. Según explica Salvador Fernández, «no cabe duda de que el Ayuntamiento de Gozón, de cara al próximo presupuesto de la mancomunidad, y teniendo en cuenta la situación financiera actual, no podrá hacer frente a los pagos tal y como están establecidos».

Un día antes, el alcalde de Carreño había alertado de la posibilidad de que los trabajadores del órgano comarcal no pudiesen cobrar sus nóminas del mes de octubre, debido a la delicada situación financiera por la que atraviesa la mancomunidad, ya que, aseguró, «Gozón no ha ingresado los pagos que le corresponden desde el mes de abril». Fernández se muestra molesto por este comentario y asegura que «la fecha límite para hacer frente al pago de la cuota correspondiente a cada Ayuntamiento finaliza el 31 de diciembre, y aún no ha llegado».

Según el regidor gozoniego, el asunto de los pagos compete al alcalde de Carreño. «Durante los dos años que yo estuve al frente de la presidencia de la Mancomunidad del Cabo Peñas todos los trabajadores cobraron puntualmente sus salarios, e igual que yo me las tuve que ingeniar en ocasiones para conseguirlo, que haga Riego ahora lo mismo», espeta.

Los ayuntamientos de Carreño y Gozón llevan enfrentados por el futuro de la Mancomunidad del Cabo Peñas, de la que ambos son integrantes, desde la pasada primavera. La polémica surgió cuando desde el gobierno gozoniego se hizo un llamamiento para «abrir el debate» acerca de los objetivos futuros del ente, ya que consideraban «insostenible» la actual aportación de capital.

Y es que desde Gozón se apuesta por rebajar las pretensiones de la mancomunidad, evitar la duplicidad de servicios, y recortar gastos, mientras que en Carreño defienden la institución «tal y como es» ahora. En el fondo subyace el problema que genera en la institución comarcal la diferencia de presupuestos entre los dos ayuntamientos implicados.

La Mancomunidad del Cabo Peñas, que tiene su sede administrativa en Candás, cuenta en la actualidad con un personal formado por 16 trabajadores, de los cuales siete tienen contrato fijo. Actualmente, el ente supramunicipal presta hasta diez servicios de forma continuada, entre los que se encuentra la oficina de gestión urbanística, los servicios jurídicos, la Agencia de Desarrollo Local y la Oficina de Información Juvenil.

«Yo, cuando era presidente, me las tuve que ingeniar para pagar a los trabajadores»

Salvador Fernández

Alcalde de Gozón