Alto de Aboño (Carreño),
Braulio FERNÁNDEZ
La Autoridad Portuaria de Gijón anunció ayer que iniciará de inmediato un «proceso de consultas legales» para tomar las decisiones más convenientes para la actividad portuaria», tras la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la tramitación del plan de ampliación de El Musel, lo que supone frenar el desmonte del Alto de Aboño. El Musel quiere ver qué opción es más conveniente, si recurrir o redactar un nuevo plan.
El desmonte, que suponía la explanación de 32 hectáreas de terreno en el concejo de Carreño, no podrá realizarse, según la Sala, ya que su proyecto previo carece de estudio de impacto ambiental previo, como había defendido el Ayuntamiento de Carreño desde un principio. Desde el Principado de Asturias declinaron hacer valoraciones sobre el fallo de la Audiencia. Sí las hizo fue el regidor de Carreño, el socialista Ángel Riego, que explicó que el concejo «tiene motivos para estar contento». Y añadió: «Desde el inicio del conflicto defendimos la misma postura: que el plan de ampliación necesitaba de un estudio de impacto ambiental». Riego se refirió además a los razonamientos efectuados por los magistrados de la Audiencia, destacando que «se han mostrado muy contundentes con la posición del Ministerio», al que desdice en su argumentación, llegando a asegurar que la orden que autorizaba el plan de ampliación es «imprecisa, y poco convincente en sus argumentos».
Por su parte, Javier Rubio, portavoz de los vecinos de Xivares -la población a escasos metros del Alto que ha protestado sistemáticamente desde 2007 en contra del desmonte- mostró su satisfacción por la sentencia, que «definitivamente» les da la razón a través del recurso presentado.
Eso sí, advirtió el portavoz: «No nos pararemos aquí: queremos la reposición de los daños causados en el Alto de Aboño». Dice Rubio que «ha quedado demostrado que las demoliciones efectuadas en el monte estaban absolutamente fuera de la legalidad, como se denunció en su momento». Se refiere a edificios, lavaderos, estatuas, fuentes o parques que fueron derribados por la Autoridad Portuaria de Gijón desde principios de 2010, y hasta finales de año, como paso previo al desmonte.
«Ser más grande económicamente no puede ser una patente de corso para destruir y pisotear derechos, alguien deberá responder», añadió Rubio, que, no obstante, asume que «la dignidad política no es una virtud entre algunos de nuestros dirigentes». «La sentencia de la Audiencia abunda en el despropósito de no haberse requerido el preceptivo estudio de impacto ambiental y a la desprotección que la pretendida actuación de la Autoridad Portuaria de Gijón causaría sobre las playas de Peña María y Xivares», resumió el portavoz de la Asociación de Vecinos de Xivares, cuyas tesis, además, ya fueron apoyadas por el Defensor del Pueblo.
Partidos como el PP, IU y UNA mostraron ayer su satisfacción por la sentencia. UPyD exige que se «depuren responsabilidades en las instituciones implicadas». UNA solicitará al Ayuntamiento de Carreño que exija indemnizaciones a la Autoridad Portuaria de Gijón, tras anularse el desmonte.
