Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Partido Popular de Carreño ha denunciado irregularidades en la contratación del informe jurídico que acompaña al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en tramitación. Dicen desde el partido de la oposición que el gobierno gastó 7.000 euros en dicho informe, «habiendo tenido la posibilidad de obtenerlo con medios propios y, por lo tanto, sin tener ningún coste». Esto es así porque, «según el Estatuto del Empleado Público, este asesoramiento legal corresponde exclusivamente a los funcionarios, y más concretamente al secretario municipal, como parte de sus funciones», explicó José Ramón Fernández, portavoz de los populares.

«La tramitación del expediente es irregular, ya que se le atribuyó naturaleza privada, cuando debió aplicarse la ley de contratos del sector público, pero el gobierno quiso esquivar la legislación de contratos de las administraciones públicas», añadió el portavoz conservador, que considera que «se pone de manifiesto el nulo rigor del gobierno de PSOE e IU en la gestión del dinero público y la deficiente tramitación del PGOU».

El Ayuntamiento de Carreño contrató dicho informe jurídico a la Fundación Universidad de Oviedo, ente sin ánimo de lucro, por 7.000 euros.