Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Partido Popular de Carreño impugnó ayer la resolución de la Alcaldía del pasado 6 de julio por la que el regidor, el socialista Ángel Riego, se reservó para sí mismo todos los cargos de los órganos de representación en los que se encuentra el Ayuntamiento de Carreño. Se trata de instituciones como Cajastur, el Puerto de Gijón y Cogersa. Riego tomó esa medida pocos días antes de que la oposición, que había alcanzado un acuerdo con mayoría en el Pleno, repartiese los cargos entre todos los partidos de la Corporación. Los populares ven irregularidades en la resolución de la Alcaldía y han interpuesto un recurso por vía administrativa, amparado en el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Las razones del recurso, según explicó el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José Ramón Fernández, son tres. Para empezar, que «por primera vez se ha roto con el precedente administrativo de que la competencia para el nombramiento de los representantes en los órganos externos es la del Pleno». Explica Fernández que «hasta ahora era el Pleno el que designaba a los representantes municipales, era la práctica habitual».

La segunda queja del PP tiene que ver con que la resolución de Riego «carece de motivación suficiente para apartarse del precedente administrativo, es decir, que no se justifica suficientemente el nuevo criterio» por el que Riego redactó la resolución del pasado 6 de julio.

Por último, los populares apuntan que en el documento firmado por el Alcalde «existe desviación de poder, ya que utiliza una supuesta potestad administrativa para un fin distinto del que prevé la ley». En concreto, explican que la única intención del Alcalde con la resolución recurrida «es evitar la derrota en el Pleno», donde la mayoría, la oposición, iba a imponer su criterio con un número suficiente de votos. «Lo que quiere decir que el objetivo de la resolución es eludir la mayoría existente en el Pleno municipal», apostilla Fernández.

El recurso presentado por el PP es de carácter administrativo y se presenta ante el propio alcalde, que tiene un plazo de un mes para resolverlo. Se trata del paso previo que da el Partido Popular antes de acudir a los tribunales, en el caso de que el recurso sea desestimado, según anunciaron ayer.

Riego se nombró a sí mismo como representante del Ayuntamiento en los órganos colegiados hace ya un mes, manteniendo, como en años anteriores, su cargo en entidades como el Puerto de Gijón, Cogersa y Cajastur, algunas de las cuales conllevan una remuneración económica de hasta 6.000 euros. La resolución se ampara en varios artículos del régimen local, según las cuales estos organismos no son supramunicipales y no requieren de una decisión mayoritaria del Pleno.