Áurea Gutiérrez afronta de seis a ocho años de inhabilitación por perdonar multas

Braulio FERNÁNDEZ

«Tomé esa medida presionada por el pueblo». Así explicó ayer la ex teniente de alcalde de Carreño, Áurea Gutiérrez, su decisión de revisar las multas de tráfico ante la jueza de la sala de lo penal número tres de los Juzgados de Gijón, en la celebración de la vista pública por una denuncia de la Fiscalía, que la acusa del delito de prevaricación. Por aquel suceso, que llevó a la paralización de 1.496 sanciones de tráfico en su despacho, de las cuales solo dos terceras partes fueron finalmente tramitadas, el Ministerio Fiscal pidió ayer que se le impusiera a la ya ex edil socialista la pena de seis a ocho años de inhabilitación de cualquier cargo público.

Gutiérrez y su defensa trataron de demostrar que su intervención en el trámite sancionador municipal respondió a una medida de presión de la Policía Local de Carreño, en conflicto salarial con el Ayuntamiento, y que tuvo el propósito de salvaguardar «el interés general». Los hechos tuvieron lugar entre los meses de junio y octubre de 2009, cuando el número de sanciones de tráfico en Carreño se multiplicó de forma sustancial. En ese período, los agentes de la policía impusieron 1.496 denuncias, lo que supone ocho veces más que en el mismo intervalo temporal del año anterior.

«Quería saber lo que estaba pasando, ya que no era normal un incremento tan brusco en el número de multas», declaró Gutiérrez, quien explicó que, con ese fin, dio orden a la técnico del departamento de sanciones de que «me dejase directamente las multas en mi despacho». Una decisión que Gutiérrez justifica, ya que «entre mis atribuciones, con un pueblo que se me echaba encima, estaba la de velar por ello». El objetivo era comprobar que «las multas estaban bien puestas», puntualizó Gutiérrez, quien comentó que, si bien observó algunas «irregularidades, la mayoría estaba bien».

Una vez Gutiérrez admitió haber dado la orden de apartar las multas de su cauce normal de tramitación, por la que la Fiscalía considera que ya concurre en un delito penal, la defensa trató de demostrar que lo hizo desconociendo las consecuencias que la medida podría acarrear. «Son los técnicos los que conocen las leyes, no Áurea Gutiérrez, que es ama de casa», alegó la defensa de la ex teniente de alcalde. Ella misma afirmó que, «de haber sabido que no era legal, no lo hubiera hecho».

Otro punto clave del juicio tenía que ver con la desaparición de una tercera parte de las sanciones, algo por lo que la defensa no ve culpable a Gutiérrez. «El descontrol no es de Gutiérrez, sino del servicio jurídico y administrativo de Carreño, ya que eran los funcionarios los responsables de ejercer un control sobre las multas», señaló la defensa, llevada a cabo por el letrado Luis Tuero.

Tanto la defensa como el ministerio fiscal coincidieron en que la revisión de las multas, que derivó en su posterior desaparición, no tuvo lugar para beneficio de Áurea Gutiérrez, ni de ninguno de sus familiares, amigos o compañeros de partido. La fiscalía también reconoció que el incremento de las multas «obedece a un cambio que no se puede explicar por la modificación de las condiciones del tráfico», como sostuvo un policía que testificó.

«La acusada optó por pedir las sanciones para que los vecinos, aunque multados, no pagaran, y eso no fue una orden adecuada», señaló el ministerio fiscal, que rechazó la tesis de que la medida se hubiese adoptado exclusivamente para «revisar» las sanciones. «De ser así, no se entiende que la orden se prolongase durante cuatro meses», comentó, y añadió que Gutiérrez debió «haber sido asesorada de que lo que hacía chocaba con el procedimiento legal». Por ello, su actuación «incurre en un delito de prevaricación porque la orden que dio no fue conforme a derecho, ya que perturbó la tramitación de los boletines de denuncia y muchos de ellos quedaron sin sanción», concluyó la Fiscalía.

La defensa, por su parte, cerró la vista pidiendo la absolución de Gutiérrez, de la que, dijo, «con su intervención atendió los intereses generales que recoge la Constitución, no como hizo la Policía Local, que, con sus denuncias, buscó intereses propios y no hacer justicia».

De esta forma, el juicio quedó visto para sentencia, una vez tanto el Ministerio fiscal como la defensa realizaron una última valoración sobre sus posiciones.