Carrió,

Braulio FERNÁNDEZ

Los vecinos de Carrió no ven con buenos ojos el nuevo espacio que el Plan General de Ordenación (PGO) de Carreño les reserva dentro de la misma parroquia. Se trata de una superficie de cerca de 11.000 metros cuadrados situada junto al barrio de Caicorrida, en Albandi, a escasos metros del lugar donde ahora se encuentran los barrios de Otero y Bandín, entre otros, consumidos por la gran industria que crece en Aboño. Esta zona ha aparecido dibujada en el Plan Urbano con posterioridad a la fase de alegaciones. «Por lo que hemos visto en los mapas, se trata de una parcela muy cercana al actual núcleo de viviendas afectadas por la contaminación, así que (el realojo) es un absurdo», señala el presidente de la asociación de vecinos de Carrió, Pablo Quiroga.

El representante vecinal se refiere al plan de realojo como «lo visto en los mapas» porque nadie del Ayuntamiento se ha reunido con ellos para informarles del cambio. «No nos ha informado nadie, no tenemos ni idea», clama el portavoz vecinal, quien desearía recibir más información por parte de los promotores del PGO para que los vecinos se puedan pronunciar con más claridad. «No sé si la gente querrá cambiar de casa para moverse cien metros atrás», comenta con respecto a la nueva ubicación que figura en el planeamiento urbanístico, ya que supondría «cambiarlo todo para moverse cien metros y estar en condiciones similares».

El pasado fin de semana, la Asociación de Vecinos de Perlora se manifestó en contra de que el Ayuntamiento, es decir, los contribuyentes, tengan que sufragar las expropiaciones que implicará el realojo, algo con lo que Quiroga está de acuerdo. «El realojo no debe pasar por dinero público en ningún momento», explica. Al igual que los vecinos de Perlora, señala a las grandes industrias como las responsables de tal gasto y, por tanto, las que deberían sufragarlo, más aún teniendo en cuenta que los 11.000 metros cuadrados de terreno para urbanizar que figuran en el plan deberán ser expropiados en su totalidad. El titular de esas propiedades es la empresa cementera Tudela Veguín. La mitad de esa parcela, unos 5.400 metros, se emplearía para edificar viviendas protegidas.