Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
El PP tendrá su propio grupo municipal a partir de la próxima sesión plenaria, y estará formado por tan sólo dos concejales: José Manuel Llera y David Ordóñez. A pesar de que los concejales expulsados, Luis Vázquez, Engracia Valle, María Jesús Berdasco y Mauricio Bogomak, insisten en que todavía están a tiempo para recurrir ante la dirección del partido en Madrid su expulsión, lo cierto es que, a todos los efectos, el Ayuntamiento debe considerarlos ya como ediles no adscritos. La razón está en que, una vez que el PP comunicó al Ayuntamiento la decisión de la comisión de garantías de su expulsión definitiva, el Consistorio debe darse por enterado y actuar en consecuencia.
Otra cuestión es el litigio que pueda surgir a continuación entre las partes enfrentadas del PP. La dirección del partido sostiene que los ediles fueron expulsados formalmente el 27 de diciembre por el comité de derechos y garantías del PP de Asturias, y que tras varios intentos infructuosos de notificarles la resolución, se les puede dar ya por expulsados en firme conforme a lo establecido en la normativa, ya que ha expirado el plazo de apelación ante la dirección central.
Los díscolos creen, en cambio, que la notificación no se les hizo correctamente y por tanto tienen hasta el día 12 de marzo para apelar. En cualquier caso, esta discusión legal ya no le compete resolverla al Ayuntamiento, que deberá ceñirse a la comunicación oficial del partido.
Para anular la resolución y que ésta tenga efecto, los concejales deberán acudir a los tribunales ordinarios y esperar un fallo judicial favorable. Hasta entonces, deberán ser considerados no adscritos.
Por otra parte, cabe esperar una nueva batalla legal entre los concejales expulsados y los partidos que ahora están en la oposición en torno a las condiciones en las que quedarán los no adscritos.
Uno de los centros del debate estará, sin duda, en la interpretación del artículo 73 de la ley de Bases Reguladoras del Régimen Local, que estipula que «los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada Corporación».
En un principio, esta norma podría afectar a las liberaciones. Los partidos que están ahora en la oposición podrían tratar de que se aplicase este precepto para evitar la liberación de la que será concejala de Urbanismo, Engracia Valle, y así evitar que el pacto de «Los Trece» llegue a buen puerto, al menos en lo que respecta al reparto de cargos.
Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
La nueva oposición se convirtió ayer en el grupo de «Los Doce», pero al contrario de lo que ocurre en el caso de «Los Trece» (apoyos a la moción que aupó al casquista Eduardo Martínez Llosa a la Alcaldía), que se han prometido fidelidad sin fisuras, esta denominación está destinada a ser flor de un día. El PSOE, IU y el PP presentaron una solicitud conjunta de un informe jurídico para aclarar la situación en la que quedan los cuatro concejales no adscritos. Para solicitarlo se requería al menos un tercio de los ediles del Pleno, y todos se prestaron a ello. Pero no tienen intención de ir más allá.
Eso es lo que se apresuró a aclarar ayer el portavoz de IU, Nicolás Fernández, al decir que «no hay ningún frente común, ni hay un acuerdo, ni nada de nada».
En cuanto a los motivos de la solicitud del informe, tienen suficiente calado como para que los partidos se lancen a ello. La clave está en si será legal que los concejales no adscritos mejoren sus condiciones económicas. Aquí vuelve a entrar en juego la discusión sobre los derechos fundamentales que fue determinante a la hora de inclinar la balanza a favor de «Los Trece» en el litigio sobre la moción de censura.
El fondo de la discusión está en si se puede considerar que esta restricción económica se puede considerar lesiva para los derechos fundamentales de los concejales. En lo relativo a la capacidad para votar o para ejercer cargos de los concejales la doctrina ha sido clara al señalar que los derechos de los electos son personales, y que el hecho de que pertenezcan o no a un partido, por mucho que hayan concurrido con él a las elecciones, no puede cambiar esta situación.
Sin embargo, la cuestión económica puede ser distinta. La presidenta de la gestora del PP de Siero, Beatriz Polledo, asegura que hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto que la restricción económica no atenta contra los derechos de los ediles, que siguen poseyendo intacta su capacidad para votar, ejercer cargos, etcétera. En cualquier caso, todo indica que el Ayuntamiento de Siero está a punto de verse inmerso de nuevo en una batalla legal entre partidos y concejales, que en los últimos tiempos han puesto numerosas veces el destino del concejo en manos de los tribunales.
