06 de mayo de 2012
06.05.2012
 

La oposición renuncia a paralizar el plan urbano por las repercusiones legales

El documento ya está aprobado por la CUOTA y pedir su suspensión podría implicar responsabilidades patrimoniales para los concejales

06.03.2012 | 01:00

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


El Plan General de Ordenación (PGO) de Carreño está en vigor, y esta vez sin que haya posibilidad de que intermedien los partidos de la oposición, que en el pleno del mes de febrero encontraron mayoría para lograr la suspensión cautelar del nuevo documento de planeamiento. El motivo es la marcha atrás que ha dado la mayoría de los partidos que secundaba la suspensión, que despeja totalmente el camino para que el Ayuntamiento de Carreño continúe dando licencias urbanísticas en el concejo y que se produce tras conocerse las complicaciones legales que implica la suspensión del PGO.


Dos razones han llevado a los partidos a abandonar la idea de paralizar el nuevo documento de planeamiento de Carreño, aprobado provisionalmente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) el pasado mes de enero. La primera de ellas es que para la comisión regional «el plan está aprobado y ya no hay marcha atrás», según la respuesta de la propia comisión a los partidos de la oposición. Es un discurso similar al esgrimido por el gobierno local, que, a decir del alcalde, Ángel Riego, ya había avisado de ello: «El plan está aprobado a todos los efectos y por ello ya se están tramitando licencias».


El segundo motivo que impide la suspensión del PGO es la repercusión jurídica de la medida. Según la secretaría municipal, se va a comunicar hoy a los grupos políticos que pretendían la paralización del documento que la misma podría implicar «responsabilidades patrimoniales» por parte de los concejales que la secunden, al ser contrario a ley.


«No vamos a apoyar una suspensión cautelar del PGO», reconocía ayer José Ramón Fernández, portavoz del Partido Popular, que en el pleno de febrero sí se mostraba proclive a la medida, pues entonces desconocía las trabas administrativas y jurídicas que conllevaba esa postura. «Entendemos que ahora es posible hacer un pronunciamiento político en contra del PGO, pero no administrativo», manifiesta el edil, quien subraya que todavía existe la posibilidad de «hacer modificaciones parciales» del documento a posteriori.


A quienes reniegan del planeamiento urbanístico en vigor aún les queda «la posibilidad de acudir a los tribunales», como reconoce el portavoz del PP. Algo a lo que, en su opinión, se expone el documento, dado su escaso margen de consenso. De hecho, otras formaciones que secundaban la suspensión, como es el caso de Foro Asturias, aseguran que agotarán «todas las vías para conseguir un plan de ordenación con mayor consenso y donde la opinión de los vecinos cuente más». Esa postura incluye la opción de recurrir a los tribunales, según su portavoz, Susana Corredor.


La edil del partido de Cascos también se mostró crítica con respecto a la actitud mostrada por el gobierno del PSOE. «Han hecho juego sucio, se ha metido el miedo en el cuerpo a la gente con lo de que la suspensión puede tener repercusiones personales para los concejales y, lógicamente, en esas circunstancias no se puede seguir por esa vía», establece Corredor. Porque, como enfatiza, lo «único que se trataba de conseguir con la paralización del PGO era poder sacarlo otra vez a información pública, en beneficio de los vecinos, pero nos sentimos coartados e imposibilitados para poder conseguir lo mejor para Carreño».


La presentación de un recurso contencioso administrativo se prefigura, por lo tanto, en el futuro del plan para muchos partidos, que, como Unión Independiente de Carreño (UICA), creen que «es una pena que vayan a ser los tribunales los que den marcha atrás al PGO, y dentro de cuatro o cinco años, cuando se podía haber evitado ahora la situación con una nueva información pública», en palabras de su portavoz, Ramón Artime.

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