Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La paralización en los tribunales del Plan General de Ordenación (PGO) de Carreño ya aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), tal y como pretenden la formación política Carreño Unido (CAUN) y la Asociación de Vecinos de Perlora, provocaría «un perjuicio económico para la ciudadanía de Carreño, además de una merma más que preocupante de las arcas municipales», advierte la portavoz municipal del PSOE, Amelia Fernández.

Tanto CAUN como los vecinos de Perlora consideran que las modificaciones introducidas en el documento por la CUOTA cambian sustancialmente el contenido de alguna de las disposiciones, por lo que exigen que vuelva a pasar por el trámite de información pública.

Amelia Fernández no lo ve de la misma forma. «Si legítimamente alguien cree que se puede mejorar el plan, incluso a pesar del extenso período de alegaciones en el que hubo oportunidad para ello, puede promover algún tipo de modificación a través de los partidos políticos de la Corporación y los mecanismos provistos por las leyes, siempre con la aprobación final del Pleno y de la CUOTA», defiende la portavoz socialista, que critica la postura de algunos políticos y vecinos de «tratar de invalidar un plan por problemas particulares o territoriales limitados, que podrían perjudicar de forma grave a una mayoría de carreñenses».

Fernández respalda la política llevada a cabo por el gobierno con respecto al nuevo plan urbano. «El PGO ha sido un ejemplo de transparencia y participación, se han atendido total o parcialmente la mayoría de las alegaciones de vecinos afectados y finalmente ha sido aprobado por la CUOTA, salvo en casos puntuales cuyo período de alegación se encuentra abierto en estos momentos», explica Fernández.

La componente del gobierno socialista aclara que «un plan urbanístico no es un documento invariable, sino que se pueden efectuar modificaciones puntuales en cualquier momento si la Corporación así lo decide, cumpliendo todos los pasos legales». Se refiere, en concreto, a la posibilidad de realizar planes parciales sobre áreas concretas una vez aprobado el planeamiento: «Sorprende por este motivo la decisión de determinados grupos políticos y colectivos de vecinos de pretender la suspensión de todo un plan, primero por la vía de una moción en el Pleno y ahora en los tribunales».