Pola de Siero,

Manuel NOVAL MORO

El PP ha decidido desmarcarse de la lucha por la Alcaldía en la que vive inmerso el Ayuntamiento de Siero desde octubre del año pasado. Los populares han anunciado que no recurrirán la sentencia del tribunal de lo contencioso-administrativo que obligó a repetir el pleno y propició que el portavoz de Foro Asturias, Eduardo Martínez Llosa, se convirtiera en el nuevo regidor desplazando al socialista Guillermo Martínez.

El plazo para presentar el recurso finaliza hoy, y sólo el PSOE hará uso de su derecho a recurrir. Los populares han declinado hacer declaraciones. Hasta ahora se habían mostrado en todo momento contrarios a la moción de censura, que cuatro de sus concejales -Luis Vázquez, Engracia Valle, María Jesús Berdasco y Mauricio Bogomak- firmaron a espaldas de la dirección regional del partido junto a Foro Asturias, Conceyu y la Plataforma Vecinal de La Fresneda. La desobediencia les costó la expulsión. Ya cuando se convocó el primer pleno de la moción el PP presentó informes jurídicos con la intención de frenarla y, posterior- mente, se presentó como parte con el mismo propósito.

Ahora, sin embargo, una vez consumada la moción, los populares se desmarcan. Una de las razones podría estar en la cercanía de las elecciones, ya que cualquier intento de arrebatarle la alcaldía a Foro Asturias en favor del PSOE podría ser interpretado por los electores como un gesto contrario a los intereses populares.

Asimismo, el horizonte de posibles escenarios de pacto regional con Foro Asturias se podría contaminar enormemente en Siero con una posición del PP favorable a los intereses socialistas. Después de todo, el PP ya ha expulsado a sus concejales del partido y no tiene ninguna opción de gobierno en Siero, con lo que la suya siempre sería una batalla dialéctica sin ninguna relación con la lucha por el poder.

Otra cuestión es la del PSOE. El propio Guillermo Martínez anunció que su partido presentará mañana el recurso, en el que insistirán en su defensa del espíritu de la reciente reforma de la ley Orgánica de Régimen Electoral General, en la que se pretendía luchar contra el transfuguismo.

La tesis de los socialistas es que la interpretación que se ha hecho en la sentencia del artículo 197 de la mencionada ley la hace inaplicable en la práctica. Dicho artículo establece que la moción de censura requerirá una mayoría superior «cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato».

La sentencia interpreta que los ediles, al no estar expulsados en firme del partido, no puede considerarse que deban quedar fuera de su grupo municipal, con lo que su situación sigue siendo la misma que cuando firmaron la moción. Esto significa, para el PSOE, que la ley nunca podrá cumplirse, puesto que el plazo que tienen los partidos para recurrir por vía interna siempre es más largo que los diez días establecidos desde que se firma la moción de censura hasta que se celebra el pleno en el que se vota.

En cualquier caso, el PSOE se queda solo, ya sin el PP, en su defensa de la Alcaldía.