Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El gobierno del PSOE en Carreño aseguró ayer que se «cumplirá escrupulosamente con los preceptos señalados» por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, en referencia al informe que este órgano fiscalizador emitió la pasada semana y en el que señalaba varias irregularidades en la gestión municipal, tales como la ausencia de un convenio colectivo legal, la existencia de pagas extraordinarias a los trabajadores que no deben cobrar, irregularidades en materia de contratación de obras y falta de rigor en la concesión de las subvenciones.

Con respecto al personal, el gobierno del PSOE considera que el informe «concluye que el Ayuntamiento de Carreño cumple con la legalidad y que su personal se encuentra ordenado», explicó su portavoz, Amelia Fernández. Acerca del convenio colectivo, señaló que «la incorrección que señala la Sindicatura no es de contenido, se refiere al hecho de haber tenido un único convenio de personal laboral y funcionario». Este convenio fue suspendido con posterioridad por sentencia judicial y «la propuesta del equipo de gobierno al personal municipal es la disponibilidad de negociar un nuevo convenio», aclaró Fernández.

En relación con las pagas extras que reciben los empleados municipales en Carreño, dos más que el resto de trabajadores, Fernández señaló que se «estudiará lo que procede hacer al respecto, pero se tratará de darles encaje legal y de buscar acuerdos políticos para perjudicar lo menos posible a los trabajadores». Estas pagas, la llamada «de vacaciones» y la del «Cristo», suponen un coste anual de unos 180.000 euros a las arcas municipales de Carreño.

Por otra parte, el gobierno ha defendido «la transparencia en lo relativo a la contratación», de modo que «la Sindicatura ha podido acceder a todos los datos y expedientes que solicitó», según la portavoz. La Sindicatura advirtió procesos de contratación en los que, sin publicidad, solo se ofertaban a una misma empresa diversas obras en Carreño. Para Fernández, basta con «seguir con la política de adjudicaciones lo más abiertas y objetivas posibles».

La Sindicatura advierte en su informe de que no existe evidencia de que se haya realizado fiscalización previa en la subvenciones concedidas por el Ayuntamiento. No obstante, el gobierno señala que «se puede constatar que están justificadas todas y cada una de ellas, ya que no se pagan subvenciones si previamente no se justifican».