24 de noviembre de 2012
24.11.2012
La Nueva España
Carreño

Perlora recurre el plan urbano porque se ve «discriminada» frente a las empresas

El documento impide a los vecinos construir, mientras que permite a las firmas operaciones millonarias en terrenos colindantes, según la denuncia

24.11.2012 | 01:00

Perlora,


Braulio FERNÁNDEZ


El Plan de Ordenación de Carreño (PGO), aprobado el pasado mes de enero tras dos décadas de espera, acabará en los tribunales arrastrado por los vecinos de Perlora. La asociación vecinal de la parroquia, «Río Espasa», ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el Gobierno del Principado y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) por permitir un planeamiento que, a su juicio, prohíbe construir a los vecinos mientras permite operaciones en terrenos colindantes pertenecientes a empresas.


«Las motivaciones que nos empujan al pleito son básicamente un tratamiento indebido de la ordenación territorial en Perlora, contra los intereses generales de los vecinos, y en el marco de un proceso discriminatorio a favor de los intereses de empresas asentadas en el lugar», explican los vecinos a través de un comunicado efectuado por la Asociación «Río Espasa».


La demanda presentada consta de 137 páginas, concentradas en desgranar lo que los vecinos consideran un «agravio». Así, la primera queja de los perlorinos reprocha el hecho de que se aprobase definitivamente el plan sin una información pública. «Nunca se debió dar aprobación definitiva si paralelamente se requería una nueva información pública para Perlora y Aboño, sino que debía haberse aprobado parcialmente, o sido devuelto al Ayuntamiento para subsanar deficiencias», dicen.


Pero, más aún, tildan de «ilegal» el PGO por dos incumplimientos de la normativa. «Las uniones de núcleos que se plantean están fuera del ordenamiento territorial asturiano», aseguran. La segunda tiene que ver con «la normativa ambiental, que se ha pretendido burlar impunemente».


Finalmente, denuncian en el TSJA que «el convenio urbanístico suscrito con HC Energía es lesivo para los intereses generales». Y es que indican que «se calcula un beneficio para esa empresa de más de 20 millones de euros, a cambio de una parcela de 52,64 metros cuadrados, y de un 50 % de un vertedero, que ya debía ser municipal».


Los perlorinos han querido recordar, además, que «esta misma empresa es la que dañó al concejo este verano por una acción cuando menos negligente, sin que hubiese habido la debida respuesta del gobierno municipal», en referencia al vertido que ensució las playas de Carreño de combustible durante el verano.


La presentación de este recurso, que podría tardar en resolverse más de seis meses, puede paralizar el nuevo PGO e invalidar todas las licencias urbanísticas, según los vecinos.

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