18 de enero de 2013
18.01.2013
La Nueva España

La juez desoye a la fiscalía y busca indicios de delito en el vertido de Aboño

La causa penal continuará para probar «el grado de imprudencia» de HC Energía y el impacto del fuel «en el equilibrio de los sistemas naturales»

18.01.2013 | 01:00
Las imágenes de la marea negra en Carreño

Aboño, Braulio FERNÁNDEZ

El vertido de toneladas de combustible al Cantábrico el pasado verano seguirá siendo investigado por la justicia, para determinar si hubo delito por parte de HC Energía. La juez del Juzgado de instrucción número 1 de Gijón se pronunció así ayer sobre la petición de archivo de la causa penal contra la empresa responsable del vertido del pasado mes de junio, realizada por la Fiscalía de Medio Ambiente. «No ha lugar en este momento al sobreseimiento», afirma la juez Carolina Montero Trabanco en una providencia, «por entender necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos».

Además, señala la juez, habrá que «determinar el grado de imprudencia que pudo motivar el vertido, así como la incidencia del mismo en el equilibrio de los sistemas naturales». Esto significa que el proceso penal continúa adelante, después de que el ministerio fiscal solicitase el sobreseimiento, frente a los grupos ecologistas, el Ayuntamiento de Carreño, y otros particulares, que solicitaron a la magistrada que continuase con las investigaciones.

La juez advierte además de que la vía penal continúa de forma paralela e independiente de la vía administrativa, que podría derivar, presumiblemente, en una multa a HC Energía como responsable del vertido. En ese sentido, la magistrada ha solicitado a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que remita copia al Juzgado del expediente sancionador contra la eléctrica de Aboño, «instruido por el vertido objeto de autos».

La juez ha pedido también que un técnico de esa Consejería informe al Juzgado de si «el vertido, teniendo en cuenta su volumen, entidad y características, pudo incidir de modo grave en el equilibrio del ecosistema, y si efectivamente se llegó a causar un daño grave en el mismo».

La voluntad de proseguir con la causa penal contra HC Energía ha sido bien recibida por las organizaciones ecologistas que se personaron en la misma. «La resolución judicial permitirá conocer la responsabilidad de HC Energía para que, en el mismo día, ocurrieran dos fracturas en diferentes lugares de la planta de Aboño: la de una válvula por la que se produjo la fuga de fuel y posteriormente la de la arqueta de contención que produjo la perpetración del delito», señalan en un comunicado las organizaciones ecologistas.

El resultado de esos dos fallos fue, a su juicio, «una de las mayores agresiones a nuestro patrimonio natural en forma de la mancha tóxica que se extendió desde la ría al mar a más de un kilómetro de la costa». Los grupos ambientales señalan que, a pesar de las labores de limpieza llevadas a cabo desde junio y del tiempo que ha transcurrido, «aún puede verse la huella patente de tal contaminación en los pedreros de la zona de Carreño».

El Ayuntamiento de Carreño, por su parte, continúa adelante con los acuerdos alcanzados en un Pleno municipal: «exigir responsabilidades por la vía penal, por la civil y por la administrativa». Según el gobierno, «se produjeron daños al concejo y a sus gentes en un momento muy difícil, el inicio de la temporada de verano, que trajo consecuencias muy importantes, afectando a la economía local seriamente».

En la causa penal contra HC Energía por el vertido de Aboño, y además del Ayuntamiento de Carreño y las organizaciones ecologistas, también están personados otros colectivos y personas como la Cofradía de Pescadores de Candás, la de Gijón y la comunidad de bienes Xivares Playa. De ella tan sólo se ha desligado la Fiscalía de Medio Ambiente.

El fiscal consideró que las dos averías en la estructura de conductos de la central térmica de Aboño que supusieron la salida al mar de miles de litros de combustible, y que se produjeron de forma consecutiva, fueron accidentales y no existía «la posibilidad de conocer y evitar el acto». Fue ése el motivo que llevó al fiscal a pedir el sobreseimiento ahora denegado.

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