07 de marzo de 2013
07.03.2013

El Principado sanciona a Hidroeléctrica con 800.000 euros por el vertido de Aboño

Los ecologistas ven «insuficiente» la multa para el daño que provocó el incidente, que obligó a cerrar playas en verano y paró la actividad pesquera

07.03.2013 | 00:00
Una mancha de fuel, el pasado verano, junto a embarcaciones con galipote.

Aboño,


Braulio FERNÁNDEZ


La Consejería de Fomento propone sancionar a Hidroeléctrica del Cantábrico con una multa de 800.000 euros por el vertido de miles de litros de combustible al mar en Aboño, el pasado junio de 2012, que causó el cierre de las playas de Carreño durante el verano y el amarre de la actividad pesquera durante varias semanas. El Principado entiende, según han comunicado desde el Juzgado a las asociaciones ambientales, que la eléctrica cometió una infracción grave, y no muy grave, prevista en la ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. La propuesta regional prevé también la ejecución de «las necesarias medidas de reparación», que no concreta, e indemnizar al Principado con 15.484 euros.


Esta propuesta ha sido calificada como «insuficiente» por esas asociaciones ambientales, personadas como acusación particular en la denuncia a la empresa. «La propuesta de sanción nos resulta exigua en comparación con la gravedad del daño ocasionado al patrimonio natural y denota que la Administración sancionadora está dispuesta a dejar que hechos como el denunciado sigan perpetrándose», explicaron en un comunicado las asociaciones personadas en la denuncia: la Coordinadora Ecologista de Asturias, la Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente-ULEX, el Colectivo Ecologista de Avilés, la Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo-ASCEL, el Grupo Ornitología Mavea Ixuxu y la Asociación Verdes Asturianos.


Según estos grupos, «para la empresa infractora, la multa que finalmente se le imponga no supone sino un mínimo coste adicional que puede solventar con una subida de tarifas a los consumidores, mientras a nuestras costas seguirán llegando durante años y con frecuencia los tóxicos vertidos al mar».


El expediente sancionador, que los ecologistas han podido conocer por estar personados en la causa penal aún abierta y pendiente de juicio, incluye un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que dice que el vertido afectó a 118.000 metros cuadrados de zonas de baño y 13.000 metros cuadrados de playa.

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