Candás,
Braulio FERNÁNDEZ
La ex edil socialista María Jesús Aguilar no ha sido llamada a declarar por la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Carreño para esclarecer el vertido ilegal continuado de escombros y basuras, hasta un total de 50.000 metros cúbicos, en una finca protegida de Guimarán. La razón es que Aguilar nunca formó parte de las comisiones municipales de Urbanismo que abordaron los vertidos, cuya reparación podría costar en torno a un millón de euros. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque en un primer momento se pidió la comparecencia de la edil en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Carreño para depurar responsabilidades administrativas, la ex edil del PSOE, actual responsable de comunicación de la agrupación local, no fue llamada finalmente a declarar -y por lo tanto no acudió-, al verificarse que no formó parte de las comisiones de Urbanismo que desde 1999 examinaron los expedientes sancionadores que se incoaron contra los vertidos en una finca situada entre los barrios de la Rebollada, en Guimarán, y El Monte, en Logrezana.
Esos expedientes nunca llegaron a tramitarse y, por lo tanto, no se paralizó la actividad ilegal.
La propia Aguilar negó haber formado parte de las comisiones de Urbanismo, ni haber sido llamada a explicar los sucedido con los expedientes administrativos a la finca, como confirma el Ayuntamiento.
La nueva reunión de la comisión de investigación, fijada para el próximo lunes, ha sido cancelada. En ella estaba previsto que se escuchasen las declaraciones del alcalde de Carreño, Ángel Riego, y del secretario municipal. Previsiblemente se convocará el siguiente lunes.
Las conclusiones y las declaraciones de los concejales y técnicos no serán dadas a conocer hasta que la comisión no finalice su trabajo. Tras las declaraciones, se iniciará un período de estudio, que derivará en una posición final que requerirá la votación del pleno.
Paralelamente, la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado de Asturias continúa adelante con sus investigaciones para determinar si, además del posible delito administrativo, existió otro medioambiental, al verterse sobre una parcela protegida más de 50.000 metros cúbicos de escombros y residuos.
