12 de abril de 2013
12.04.2013
Carreño

El Principado conocía el vertido ilegal de Guimarán en 2005, pero no lo paralizó

La denuncia municipal se frenó tras pasar por un funcionario imputado por trato de favor a Contemax, responsable de la mayor parte de los residuos hasta 2006

12.04.2013 | 00:00
Entrada a la finca de Guimarán donde se realizaron los vertidos ilegales.

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


El Ayuntamiento de Carreño denunció en 2005 al Principado de Asturias la actividad ilegal del vertedero de Guimarán, que entre 1999 y 2010 supuso el depósito de más de 50.000 metros cúbicos de escombros, basuras, metales pesados y hasta automóviles, sin que eso sirviese para paralizar la actividad. En el vertedero hacían depósitos varias empresas, entre las cuales destaca por su cantidad Contemax, que además pagó al apoderado de la finca cerca de medio millón de pesetas al mes al menos durante más de un año, según consta en el expediente abierto en el municipio por los vertidos ilegales.


Y es que Contemax aportó al Ayuntamiento de Carreño hasta catorce facturas de sus pagos a J. L. G. C., todos ellos entre 1999 y 2002. Los técnicos del Ayuntamiento ya estimaban en ese último año en «no menos de 50.000 metros cúbicos» el volumen de escombros, por lo que se estima que la cantidad es ahora muy superior. Esto podría resultar, según los técnicos, en una costosa reparación, superior al millón de euros. La fiscalía de Medio Ambiente investiga el caso.


Los vertidos continuaron hasta 2010, a pesar de su manifiesta ilegalidad, ya que no había licencia para ello, y la zona donde se realizaban, boscosa, estaba protegida. En el año 2005, el Ayuntamiento de Carreño dio traslado del expediente a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. El Principado emitió un informe firmado por el jefe de la sección de Residuos de la Consejería en el que se dictaminaba que el vertedero era «clandestino» y que suponía «una clara infracción en la gestión de residuos que justifica el inicio del expediente».


Este jefe de sección, R. R. S., está actualmente imputado por prevaricación por un supuesto trato de favor hacia la empresa Contemax. Con posterioridad a su informe fue su superiora, la entonces jefa del Servicio de Gestión Ambiental, Paz Orviz, hoy directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático del Principado, y vicepresidenta de Cogersa, quien se dirigió al Ayuntamiento de Carreño remitiendo copia del informe del funcionario y solicitando información sobre las actuaciones realizadas por el municipio para restaurar la legalidad al vertedero.


El Ayuntamiento dio traslado sólo unos días después de la contestación, aportando la documentación que solicitaba Orviz, tras lo cual no se volvió a tener contestación por parte del Principado. La actividad ilegal de depósitos en el vertedero de Guimarán, lejos de ser paralizada y sancionada, como parecía lógico por la cantidad de denuncias policiales e informes municipales y regionales en su contra, prosiguió durante cinco años más.


Siete años después, ya en 2012, tras perder la mayoría en el Ayuntamiento el PSOE, la oposición forzó la creación de la comisión de investigación sobre el vertedero que PSOE e IU habían impedido hasta entonces. Entonces, el secretario municipal, en su labor de recopilación de información sobre el caso, solicitó a R. R. S. contestación por aquel expediente enviado siete años atrás. Según consta en los correos electrónicos entre ambos, el funcionario aseguró que la contestación del Ayuntamiento a la solicitud de Orviz no le había llegado, pero sólo unas semanas después el alcalde de Carreño, Ángel Riego, se personó en la Consejería de Medio Ambiente y Orviz le mostró la anotación en el sistema informático que revelaba que el Principado ya conocía todos los detalles sobre el expediente. El 23 de noviembre de 2012 la ya directora de Sostenibilidad y Cambio Climático indica al Alcalde que si quiere aclaración de lo ocurrido «lo solicite por escrito».


Y es que entre los expedientes del Ayuntamiento figura el registro de entrada del documento en el que se denuncia la existencia del vertedero ilegal a la autoridad competente, el Principado.


Los depósitos en Carreño duraron de esta forma más de diez años, aunque más concentrados en los cinco primeros, produciéndose varias denuncias de la Policía tras realizar visitas a la zona. En una de ellas los agentes identificaron a la empresa Contemax gracias a varios contenedores. A partir de eso se le requirieron las facturas y la propia firma, ahora también investigada por sobornos, declaró en una comisión municipal no ser la única que realizaba depósitos en Guimarán, utilizando como ejemplo a la empresa «Hierros Tito Gómez».


La existencia de metales pesados en la zona ha sido contrastada por la Policía, ya que incluso llegó a identificarse al apoderado de la finca, J. L. G. C., clasificando hierro en la misma. Todas estas circunstancias, y debido al volumen de los depósitos, llevaron al Ayuntamiento a trasladar el expediente a la fiscalía de Medio Ambiente, donde las «diligencias continúan en marcha», según declararon ayer fuentes de la fiscalía.


Una de las declaraciones que ya se ha producido es la de Contemax, que, sin embargo, no ha aportado ninguna información al fiscal, según reconocieron ayer mismo desde su dirección. Y es que la firma cambió de titularidad en el año 2006, según esa misma fuente, que asegura que la responsabilidad de los socios actuales «es nula», tal como se alegó ante el fiscal, puesto que «los vertidos se produjeron antes de 2006». Con posterioridad al cambio en la titularidad, siempre según la dirección actual de Contemax, no se reprodujo la actividad ilícita.


En Guimarán, sin embargo, siguieron produciéndose los vertidos, aunque sin que el nombre de esta empresa figure más en las denuncias de la Policía ni de los vecinos, que en varias ocasiones, entre 2006 y 2010, aseguraban la existencia de «nuevos rellenos ilegales en la zona».

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