Candás,
Braulio FERNÁNDEZ
La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Carreño decidió en junio del año 2001 poner en conocimiento del Juzgado de lo penal el vertedero ilegal de Guimarán, donde hasta 2002 se depositaron más de 50.000 metros cúbicos de escombros, metales pesados y uralitas, incrementados en una cantidad indeterminada hasta 2010. Sin embargo, el expediente nunca llegó al Juzgado. «No aparecen documentos ni registros que confirmen el envío a fiscalía o al Juzgado», señala un informe que forma parte del expediente de la comisión municipal de investigación que indaga las causas por las que no se paralizó la actividad ilegal.
Según consta en los correos intercambiados entre el Ayuntamiento y la fiscalía de Medio Ambiente a finales del pasado año, una vez abierta la comisión de investigación, no consta en los libros de registro de diligencias de investigación de los años 2001 y 2002 ningún asunto relacionado con Carreño. De haber existido, se deduce de esos correos, las diligencias se habrían abierto en 2001, y no en 2013, como finalmente ha sucedido, cuando la oposición municipal ha sumado la mayoría suficiente para imponer la comisión al partido gobernante, el PSOE.
El dictamen de la comisión de Urbanismo de junio de 2001 indicaba claramente que debía darse traslado al ámbito judicial de las denuncias y llegaba a apuntar a la empresa Contemax como la responsable de unos vertidos «que no podían adecuarse a la legalidad». La citada empresa es investigada actualmente por un supuesto soborno a un funcionario público del Principado, que, a su vez, está imputado por prevaricación. Se trata del jefe de la sección de Vertidos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, R. R. S., que supuestamente paró el expediente administrativo del vertedero cuando éste llegó al Principado.
Se da la circunstancia de que la comisión de Urbanismo que reveló la responsabilidad de Contemax en 2001 estaba presidida por el concejal del PSOE Norberto Folgueras, que no ha prestado declaración ante la comisión de investigación municipal, aduciendo motivos laborales. Tampoco ha declarado la teniente de alcalde de aquel gobierno, Áurea Gutiérrez. En su caso, siempre según fuentes de la agrupación socialista, por encontrarse «de vacaciones cuando fue llamada». Con posterioridad la edil ha manifestado su disposición para dar explicaciones ante la comisión, algo que finalmente puede ocurrir, puesto que el PP de Carreño reiteró ayer su intención de solicitar de nuevo la comparecencia tanto de Folgueras como de Gutiérrez. El portavoz popular, José Ramón Fernández, reveló, además, que la diputada regional Victoria Delgado, portavoz de su grupo en temas medioambientales, ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, para que explique «por qué no se siguió adelante con la denuncia contra el vertedero en 2005, cuando el Ayuntamiento dio traslado del expediente al jefe de sección de Vertidos.
Además, el principal partido de la oposición en Carreño aclaró ayer que pedirá también la comparecencia de más trabajadores municipales con objeto de clarificar por qué motivo, a pesar de las denuncias y resoluciones para la paralización de la actividad ilegal en el vertedero, ésta nunca se llevó a efecto, como demuestra la desaparición de los documentos y registros que debían haber sido trasladados a la fiscalía o el Juzgado en junio de 2001, y que hubieran evitado que el suelo de Guimarán sufra hoy una importante contaminación. Se calcula que la regeneración de la finca en la que se produjo el depósito de materiales de desecho puede costar alrededor de un millón de euros.
