Luanco,

Illán GARCÍA

Los concejales del gobierno de Gozón, del PP, y los de Foro se pusieron de acuerdo ayer para iniciar los trámites de disolución de la Mancomunidad del Cabo Peñas. Lo hicieron en una comisión de Hacienda previa al Pleno del próximo miércoles. La medida es preventiva, ya que previamente el Consistorio gozoniego ha dado un mes de plazo a Carreño para aceptar la denominada «reestructuración» del ente mancomunal.

«A partir de ahí se decidirá qué servicios tendrá cada concejo, según sus necesidades», destacó Isabel Muñiz, concejala de Hacienda. Para el PSOE e IU, esta estrategia del PP, con el apoyo de Foro, enmascara una disolución del ente supramunicipal «sin analizar sus consecuencias». Según la oposición, el Ayuntamiento afirma que no puede seguir aportando más dinero para cumplir el plan de ajuste, cuando si se disuelve la mancomunidad tendrá que abonar más, ya que, al menos, tendrá que hacer frente a las indemnizaciones de los trabajadores.

La idea del PP de reorganizar la mancomunidad se centra en reducir su aportación anual en unos 180.000 euros, para así cumplir el plan de ajuste económico. «Queremos un acuerdo para que la mancomunidad sea operativa», añadió el concejal popular Florentino Cuétara, que hace dos años fue vocal delegado del ente.

Lo que para los socialistas es un «chantaje a Carreño», para IU es «una tomadura de pelo». Ambos grupos de la oposición apuntan que el gobierno no ha presentado ningún plan económico para defenderlo en la supuesta negociación con Carreño para el futuro de la mancomunidad. «Que quede claro que Gozón debe a día de hoy 170.000 euros al órgano comarcal y si se inicia una comisión para liquidar la mancomunidad va a tener que seguir pagando y, por lo tanto, ampliando su deuda», indicó el concejal de IU César Fidalgo, vocal delegado de la mancomunidad.

Fidalgo señaló que su grupo municipal aportó una propuesta económica al Ayuntamiento para reducir gastos y poder, así, mantener la Mancomunidad del Cabo Peñas y «olvidarse de disoluciones». En Carreño, mientras tanto, el gobierno opta por guardar silencio, aunque algunos partidos de la oposición ya han pedido información al respecto.