14 de mayo de 2013
14.05.2013
La Nueva España
Carreño

«Desconocía que Urbanismo quisiese llevar al Juzgado el vertedero», asegura el Alcalde

Riego, en una declaración leída ante la comisión de investigación, afirma que todos los partidos acordaron echar tierra sobre el vertido de Guimarán

14.05.2013 | 00:00
La finca donde se realizaron los vertidos ilegales. | braulio fernández

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


El alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, aseguró ayer ante la comisión de investigación del vertedero ilegal de Guimarán que desconocía que la Comisión de Urbanismo hubiera solicitado trasladar a la vía penal el expediente sancionador a las empresas que realizaban el vertido. «Esta Alcaldía nunca tomó decisión sobre este asunto y opina que la misma quedó en el ámbito de decisión de la Comisión de Urbanismo. Es más, sólo ahora conoce que tal cosa se hubiera informado o propuesto en algún momento. Si lo hubiese conocido, habría valorado detenidamente tal propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes», leyó Riego ante los miembros de la comisión investigadora. El regidor llevó preparado un escrito, elaborado a tenor de las preguntas que se le habían planteado en la sesión anterior.


Eso sí, Riego aseguró estar al tanto del resto de decisiones que se tomaron en las comisiones de urbanismo municipales que trataron el tema, siete en total, como señala el propio regidor en su declaración: «La Alcaldía respetó en todo momento las decisiones que se tomaban en las comisiones informativas con un conocimiento más cercano y directo del asunto, existiendo constancia documental de que las resoluciones dictadas reflejan el informe de la comisión informativa correspondiente y también que la propia comisión, por unanimidad de sus miembros, se manifestaba conforme con la tramitación del asunto», señala el regidor carreñense.


Más aún, el Alcalde asegura que dejó hacer a la Comisión de Urbanismo y se limitó a emitir resoluciones conforme a lo decidido. «Es la propia Comisión de Urbanismo la que solicita a los técnicos que levanten perfiles topográficos para tapar el vertido y restituir el terreno a las mejores condiciones, como solución más factible, dado lo desproporcionado de la restitución», puso como ejemplo. Y añade: «Y la Alcaldía, a la vista del consenso total sobre el asunto, resuelve como se le informa, precisamente porque no había reserva u objeción desde ninguno de los grupos que formaban la Corporación».


De hecho, aseguró que, si hubiera habido diferencias de criterio entre los concejales, «sin lugar a duda, esta Alcaldía hubiese revisado el tema en detalle, cosa que, como se comprenderá, no es posible que haga en todos y cada uno de los expedientes. El criterio de la comisión era unánime y los informes que obraban en el expediente no señalaban objeción alguna». Riego señaló, además, que requirió en «reiteradas ocasiones» al Principado para que resolviera el expediente.


Por otra parte, en la sesión de la comisión celebrada ayer en Candás se obtuvo respuesta del que fuera responsable de Urbanismo durante los principales años del vertido, Norberto Folgueras, al respecto de su comparecencia. El ex edil pidió que se le enviasen las preguntas por escrito para una posterior valoración, lo que, a juicio de fuentes de la comisión, desvirtúa el proceso, ya que el resto de concejales ha prestado su declaración delante de los integrantes de la misma.


Sí compareció la técnica municipal de Medio Ambiente, que realizó un informe en 2006 sobre los vertidos, pero que declaró no haber vuelto a tener participación en el expediente desde entonces hasta que se creó la comisión de investigación. Aseguró que nadie desde el Ayuntamiento le había requerido un informe sobre las consecuencias ambientales de los vertidos, que duraron más de una década y que podrían causar la declaración de la zona como suelo contaminado, debido a su composición y su cantidad. En el vertedero ilegal de Guimarán se llegó a depositar entre 1999 y 2010 una cantidad superior a los 50.000 metros cúbicos de basuras, escombros y metales pesados.


La comisión de investigación se creó hace más de medio año para aclarar por qué, aunque se sabía de la actividad ilegal y había numerosas denuncias policiales, no se paralizó la actividad, que ahora está siendo investigada también por la Fiscalía de Medio Ambiente. Los vertidos en Guimarán adquieren además mayor importancia tras saberse que las empresas que los realizaban pagaron importantes sumas de dinero al responsable de la finca. De estos pagos se tiene constancia al menos de los realizados por la empresa Contemax, de unos titulares distintos a los actuales en los años del vertido, y que pagaban más de medio millón de pesetas al mes por depositar basuras en Guimarán.

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