Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Principado ha abierto un expediente sancionador por los vertidos ilegales de escombros, basuras y metales pesados en una finca de Guimarán. Este proceso llega ocho años después de que fuera solicitado por el Ayuntamiento de Carreño, que en 2005 ya era conocedor de la cantidad y gravedad de los vertidos, y por ese motivo trasladó al Principado la responsabilidad de sancionar a los responsables por un daño al medio ambiente. Paralelamente, el Ayuntamiento realizó la tramitación de una sanción administrativa que finalmente no concluyó, con lo que las empresas causantes del depósito quedaron impunes tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el urbanístico.

El expediente sancionador abierto ahora por el Principado, como autoridad competente en materia medioambiental, persigue encontrar unos responsables en materia de residuos y responsabilidad ambiental, y de su apertura ya ha sido informada la comisión de investigación que en el Ayuntamiento de Carreño examina por qué no concluyeron los diferentes expedientes abiertos en materia urbanística.

Además, la comisión pedirá un informe al Principado, ahora que ya ha tomado cartas en el asunto, una vez la fiscalía de medio ambiente está realizando sus propias investigaciones. Este informe servirá «para determinar los aspectos de seguridad de bienes y personas y medioambientales», según revelaron fuentes de la comisión de investigación.

«Se trata de saber si en el vertedero hay materiales peligrosos o neutros desde el punto de vista medioambiental. Asimismo se trata de saber si la acumulación incontrolada de vertidos ha dado lugar a una estructura sólida o si hay problemas de estabilidad que puedan afectar a terceros», añadieron las mismas fuentes.

En el año 2005, el Ayuntamiento de Carreño dio traslado del expediente abierto por un posible delito urbanístico en Guimarán a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Como respuesta, el Principado emitió un informe firmado por el jefe de la sección de residuos de la Consejería en el que se dictaminaba que el vertedero era «clandestino» y que suponía «una clara infracción en la gestión de residuos que justifica el inicio del expediente», según figura en la documentación que obra en poder de la comisión de investigación municipal. Sin embargo, el expediente no se ha iniciado hasta ahora.

Este jefe de sección, R. R. S., está actualmente imputado por prevaricación, por un supuesto trato de favor hacia la empresa Contemax. Con posterioridad a su informe, fue su superiora, la entonces jefa del servicio de gestión ambiental, Paz Orviz, hoy directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático del Principado de Asturias, y vicepresidenta de Cogersa, quien se dirigió al Ayuntamiento de Carreño remitiendo copia del informe del funcionario, y solicitando información sobre las actuaciones realizadas por el municipio para restaurar la legalidad al vertedero.

El Ayuntamiento dio traslado sólo unos días después de la contestación, aportando la documentación que solicitaba Orviz, tras lo cual no se volvió a tener respuesta por parte del Principado. La actividad ilegal de depósitos en el vertedero de Guimarán, lejos de ser paralizada y sancionada, como parecía lógico por la cantidad de denuncias policiales e informes municipales y regionales en su contra, prosiguió durante cinco años más.