La consejera de Medio Ambiente, la socialista Belén Fernández, señaló ayer al Ayuntamiento de Carreño, también dirigido por el PSOE, como el responsable de que el vertedero ilegal de Guimarán, en el que se depositaron más de 50.000 metros cúbicos de escombros y metales pesados, entre otros residuos, de 1999 a 2010, no fuera paralizado. El Gobierno autonómico no pudo actuar antes, según ella, porque hasta enero de este mismo año no tuvo en su poder toda la documentación.

«Reconocemos que en este asunto la eficacia no ha sido la deseable, el Ayuntamiento actuó con no demasiado éxito», afirmó Fernández al dar explicaciones sobre el vertedero ayer en la Comisión de Medio Ambiente celebrada en la Junta General. A su juicio, toda la responsabilidad de paralizar el vertido ilegal, que podría causar la declaración del suelo como contaminado y que está siendo objeto de una investigación judicial, era municipal. «No se detectaron residuos peligrosos en 2005, y por eso hemos actuado ahora y no entonces», declaró Fernández, refiriéndose a la apertura el pasado mes de marzo de un expediente informativo para esclarecer el origen y la composición de los vertidos.

De hecho, anunció, el Principado ha instado a los propietarios de la finca a que, en un plazo de tres meses, realicen unos análisis del terreno que permitan «aconsejar la apertura de un expediente sancionador en materia de suelos contaminados si se encuentran residuos peligrosos como hidrocarburos o metales pesados».

Más aún, Belén Fernández explicó que fue la propia Consejería de Medio Ambiente la que «de oficio» descubrió el vertedero. «No fue el Ayuntamiento el que trasladó ningún expediente al Principado, sino que fue éste quien descubrió el vertedero y le pidió explicaciones al Ayuntamiento. Como comprobamos que ellos ya habían abierto expediente, se desechó la idea de la apertura de uno propio», basándose en un informe técnico del responsable de vertidos de la Consejería según el cual los materiales depositados en Guimarán no eran peligrosos.

El Ayuntamiento de Carreño remitió información al Principado a principios de 2005 con la documentación que obraba en su poder, en la que se contrastaba la existencia de residuos peligrosos en Guimarán, sin que hubiera después ningún movimiento por parte del Principado, una circunstancia a la que aludió ayer Belén Fernández. «Hasta enero de 2013 el Ayuntamiento no nos ha enviado toda la documentación completa», aseguró.

Fernández reconoció también que «el vertedero de Guimarán es ante todo ilegal», pero quiso despejar las dudas de la actuación del Principado. «El Ayuntamiento es competente para incoar un expediente en materia urbanística y paralizar los vertidos», señaló. Un hecho que no se produjo durante más de una década.

En opinión de la consejera de Medio Ambiente, «la información remitida por el Ayuntamiento de Carreño no es concluyente, y las diligencias de la Fiscalía pueden arrojar nuevos datos», reconociendo, además, que el ministerio fiscal le ha solicitado información, aunque no le consta que ningún funcionario ni responsable político hayan tenido que declarar ante el fiscal.

Dirigiéndose constantemente al Ayuntamiento, Fernández recordó que éste sólo se dirigió a la Consejería cuando fue requerido para ello y «no antes», para aclarar que si los residuos son declarados peligrosos la competencia sí será regional.