Las responsabilidades administrativas por la no paralización de un vertido de más de 50.000 metros cúbicos de basuras entre las que se encuentran residuos peligrosos en Guimarán están pendientes, en parte, de que se conozca el paradero del expediente que en marzo de 2005 el Ayuntamiento de Carreño envió al Principado de Asturias. La Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, aseguró el pasado martes en la Junta General del Principado que dicho expediente, que debía servir para la apertura de un proceso sancionador regional, no llegó de forma completa hasta el pasado mes de enero, tras lo cual dos meses después se inició un expediente informativo para determinar si existe verdaderamente contaminación en la finca de Guimarán.

Sin embargo, el inicio de las actuaciones por parte del Principado debió haberse producido ocho años antes, a tenor de la documentación que obra en poder del Ayuntamiento de Carreño, y a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Y es que tras conocer lo que estaba sucediendo en la finca carreñense, el Principado solicitó en 2005 al Ayuntamiento un informe «sobre el asunto, con carácter previo a la adopción de las medidas pertinentes por gestión irregular de residuos en al ámbito de las competencias de esta Consejería». Lo firma la que era por aquel entonces Jefa de servicio de Gestión Ambiental, Paz Orviz.

El Ayuntamiento remitió el informe solicitado, en el que se incluye la apertura de un expediente municipal contra la finca, al existir hasta once denuncias policiales que adjuntan fotos del depósito no sólo de escombros, considerados residuos no peligrosos, sino también uralitas o metales pesados, que sí son considerados peligrosos y que requieren por tanto de la intervención del Principado. Se cuenta con un acuse de recibo de Correos, según el cual el servicio de gestión ambiental regional cuenta con esa documentación desde las 9 horas del 9 de marzo de 2005.

Esto choca con las declaraciones de la Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, que el pasado martes, a preguntas de los grupos políticos de la oposición, aseguró que «hasta 2013 el Ayuntamiento no nos remite toda la documentación y no podemos abrir ningún expediente». Reconoció que en 2005 sí conocían el vertedero, que ellos mismos habían «descubierto», pero que «en 2005 nada indicaba que eran vertidos de ámbito regional -es decir, considerados peligrosos- y otra cosa es que lo que haya aparecido después».

La apertura del expediente municipal se produjo por las mencionadas denuncias de la policía, que en más de una ocasión hacen referencia a residuos considerados peligrosos. Así figura, por ejemplo, en un informe de la Jefatura de Policía Municipal que tras la inspección de la finca, el 26 de agosto de 2000, «constata» que el responsable de dicha parcela «se encontraba clasificando hierros entre los escombros y que paralizó inmediatamente la actividad».

La cuestión es que oficialmente, según el Principado, no se tuvo constancia hasta este año, y no en 2005, como figura en los documentos que maneja el Ayuntamiento. En noviembre de 2012, y tras una reunión del alcalde, el socialista Ángel Riego, en Oviedo, éste escribe a la directora de sostenibilidad y cambio climático, Paz Orviz: «En reunión mantenida contigo en la Consejería nos mostraste anotación de vuestro sistema informático en la que se reflejaba que la contestación municipal, aparentemente extraviada, sí había sido recibida, señalándonos que si queríamos aclaración oficial, la solicitásemos por escrito».

Ángel Riego rechazó ayer valorar las palabras de la Consejera en la Junta, del pasado martes, hasta que no conozca de primera mano sus contestaciones.