Los desprendimientos en el monte Fuxa de Candás, que mantienen cerrado al tráfico el paseo marítimo desde el pasado 17 de marzo, entre críticas de los sectores hostelero y comercial, ya entrados en la temporada estival, se podrían haber evitado de llevarse a efecto una sentencia judicial de 2005 firmada por el magistrado Rafael Climent Durán. Así lo estima un informe geológico y geotécnico elaborado para el Ayuntamiento de Carreño por el doctor en Ciencias Geológicas Miguel Torres Alonso.

Señala el informe que los desprendimientos del pasado 17 de marzo englobaron «importantes volúmenes de fragmentos y bloques de rocas, impactando sobre la parte posterior de la edificación de la calle Astillero de Candás», que tuvo que ser desalojada entonces y que permanece desocupada hoy en día. «La dinámica de los hechos es idéntica a la de los acaecidos en el año 2000, y los daños están directamente derivados de no haber acometido las diversas medidas de sostenimiento y contención enunciados en su momento», señala el geólogo, que en enero de 2000 ya señaló las características de los desprendimientos del monte Fuxa sobre el paseo marítimo, y cuáles eran las soluciones para prevenirlos.

Al ser preguntado ahora por el gobierno de Carreño por las soluciones para los argayos, el técnico señala que, «dado que la cáustica del movimiento del terreno es idéntica, solo cabe reiterar las medidas y tratamientos del terreno». Estas medidas, que deberán ser puestas en marcha ahora, incluyen la limpieza del talud, «prestando especial atención a la eliminación de los bloques inestables, descalzados en su base y que se concentran en la cabecera», según el estudio.

Habrá que retirar los fragmentos de roca desplazados por el derrumbe, pero el informe indica que esa labor se debe abordar periódicamente, para evitar su acumulación.

También se tendrá que reconstruir la malla metálica para asegurar que no caigan rocas al paseo. Esta malla deberá recubrir la totalidad del talud. Esta medida estará acompañada de la incrustación de estacas metálicas, como elementos de retención ante posibles impactos de los fragmentos de roca. Más aún, se deberá reconstruir un muro de contención de dos metros de altura «por encima de su borde superior actual», según señala el informe.

Todas estas medidas, se precisa, «ya fueron recogidas en la sentencia sobre el caso dictada por el juez Rafael Climent Durán con fecha 18 de marzo de 2005», cuya ejecución «habría evitado en gran parte los hechos acaecidos, pero que no llegaron a llevarse a cabo». Esta sentencia, según indicó la concejala de Urbanismo, Cecilia Tascón, obligaba a los responsables de la construcción de unos apartamentos en la zona a poner en marcha todas esas medidas, ya que los jueces entendían que fueron las obras de construcción de las edificaciones las que provocaron la inestabilidad del monte, a causa de unas perforaciones. «Los servicios jurídicos se encuentran identificando a los responsables para exigirles que hagan la obra urgentemente», indicó Tascón.