25 de septiembre de 2013
25.09.2013
La Nueva España
Carreño

Medio año a la sombra del argayo

La familia desalojada por el desprendimiento en el monte Fuxa continúa fuera del hogar y el Ayuntamiento pretende que sea ella la que resuelva el cierre del paseo marítimo

25.09.2013 | 00:00
El paseo marítimo, con la casa desalojada al fondo a la derecha, junto a algunas de las piedras del argayo, ayer.

Candás,


Braulio FERNÁNDEZ


Ha pasado medio año desde que el monte San Sebastián, que en Candás conocen por «Fuxa», se viniera abajo y sepultase parte de una vivienda en el comienzo del paseo marítimo que une la villa con Perlora. Medio año en el que la familia que ocupaba esa casa ha cambiado hasta tres veces de domicilio y a día de hoy sigue sin poder volver al hogar. Seis meses que no han valido para acercarles a ese momento, que ahora parece más lejano que nunca.


El motivo es la estrategia del Ayuntamiento de Carreño, más concretamente del gobierno socialista y de su alcalde, Ángel Riego, que el pasado 17 de marzo se puso manos a la obra para resolver la situación, devolver a los desalojados su hogar y abrir a coches y peatones el paseo marítimo, desde entonces cortado y vallado por motivos de seguridad, y que meses después varió sus planes y pasó a considerar que «se trata de un asunto privado, ya que la familia desalojada tiene el asunto en los tribunales», según las explicaciones que ofreció el Alcalde en el pleno municipal de la semana pasada en Candás.


«No es verdad», señala, sin embargo, la principal afectada, Alicia Prendes, madre de la familia desalojada. «Naturalmente, tenemos que asesorarnos por un abogado, pero no se ha inciado ningún procedimiento judicial», añade. De hecho, todo hacía indicar, declaraciones del gobierno incluidas, que el proceso judicial sería iniciado por el Ayuntamiento contra los constructores de unos apartamentos cercanos, que ya un juez señaló como la causa de los derrumbes del monte Fuxa hace casi una década.


Al fin y al cabo, también el paseo marítimo está cerrado como consecuencia del argayo. Y no sólo eso, sino que las propias piedras que ahora se cobijan tras la vivienda y sobre el pavimento del kilómetro entre Candás y Perlora son propiedad municipal. Consciente de ello, el gobierno reservó una partida de 150.000 euros para retirar las piedras de su propiedad, poner en circulación el paseo y devolver a la familia Vázquez Prendes a su hogar.


Pero todo cambió solo unas semanas después del argayo, cuando la empresa contratada para realizar las labores se echó atrás al no querer firmar un documento de responsabilidad en caso de que, como consecuencia de las obras, se desprendiese más tierra de la ladera. El Ayuntamiento decidió entonces que se arreglasen los de la casa, «ignorando que tanto la tierra desprendida como el paseo son suyos», explica Alicia Prendes, que vió entonces cómo se habían «perdido cuatro meses para nada».


Su situación ahora es muy delicada, puesto que sobre su familia recae ya toda la responsabilidad, no ya de volver a su casa sino de que se abra el paseo marítimo, puesto que el gobierno espera que sean suyos los pasos judiciales que devuelvan la normalidad a la zona. «Lo que más urge ahora mismo es retirar la tierra que se apoya sobre la parte trasera de la casa porque los geólogos nos dicen que en cuanto llueva puede caer más», manifiesta Prendes, visiblemente preocupada.


Pero, como no puede «esperar a que el Ayuntamiento -propietario de esas tierras- las retire», ha decidido dar el paso y contratar a una empresa para que lleve a cabo la limpieza. «Nos dijeron que sería obra menor y que se haría con rapidez; hay que quitar las rocas que tenemos detrás porque si cae algo más subirá por el tejado y aparecerá dentro de casa», explica.


Lo que menos esperaba era que el propio Ayuntamiento, «que espera a que nosotros resolvamos todo, encima nos pusiera trabas administrativas». El permiso para retirar esas piedras le ha sido denegado a la familia, que, si quiere evitar que su casa quede sepultada durante el otoño por el monte del Ayuntamiento, deberá aportar «documentación que describa y cuantifique el alcance de la intervención y que establezca las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos, así como compromisos para la dirección técnica de las obras y su coordinación en materia de seguridad y salud», según explicita una resolución de la Alcaldía.

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