El pleno de Carreño ha alcanzado un acuerdo mayoritario, sin el apoyo del partido en el gobierno, el PSOE, para buscar una solución al cierre del paseo marítimo, cortado por un argayo desde el pasado mes de marzo. El acuerdo obliga a que los servicios jurídicos municipales se dirijan al Principado, en el plazo de diez días, para exigir que asuma la reparación de los destrozos que causaron los desprendimientos a finales del invierno pasado. Actualmente, el gobierno espera a que la familia de una vivienda desalojada como consecuencia de ese argayo responda por la vía judicial, mientras el paseo continúa cerrado.

Se trata, técnicamente, de un requerimiento a la administración regional para que cumpla con las condiciones con las que el pleno de Carreño, en septiembre de 2007, aceptó la cesión del vial que une Candás y Perlora. Es decir, que la cesión se ejecutase con la carretera en perfectas condiciones, algo que no sucedió, y por lo que el pleno formula ahora este requerimiento.

Más aún, señala el acuerdo plenario: «En el caso de que no se acepte el requerimiento, ordenar a los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento la instrucción del expediente de retrocesión al Principado del paseo marítimo». Es decir, que le sea devuelto el paseo al Principado, al entender que la cesión no fue legal. Incluso se despeja la duda de que pasará si la retrocesión no es viable. En esas circunstancias, «se ordenará el inicio de acciones legales contra el Principado».

Un último punto del acuerdo obliga al Alcalde Ángel Riego a que en el plazo de quince días envíe a todos los grupos políticos municipales un escrito determinando a quién corresponde la ejecución del afianzamiento de la ladera del monte Fuxa, entre otros asuntos.

Como consecuencia del malestar de algunos grupos políticos con el gobierno por el cierre prolongado del paseo marítimo, entre otros asuntos candentes de la actualidad local, la agrupación de la Unión Independiente de Carreño (UICA) planteo ayer su adhesión al gobierno local socialista, siempre y cuando se firme un acuerdo para el cumplimiento de diversas cuestiones.

«El pacto implicaría por nuestra parte la participación de mi grupo político en los órganos de gobierno municipales y la asunción de este concejal de las tareas y áreas de gobierno que usted como alcalde tuviera a bien delegarle», le dijo el portavoz de UICA, Ramón Artime, a Riego. Éste, a su vez, aseguró que se estudiaría la propuesta, que de ser aceptada implicaría que el PSOE denunciase públicamente la actitud del Principado con respecto a la Ciudad de Vacaciones de Perlora, se posicionase activamente en contra de la incineradora o emprendiera acciones legales contra las empresas contaminantes del valle de Aboño.